La desinformación organizada desde el Estado con fondos públicos en Latinoamérica tiene varias características y metodologías que son comunes en todos los países.

El Institute for War and Peace Reporting (IWPR) desarrolló este martes el webinario «¿Cómo investigar desinformación estatal en Latinoamérica?», en el que un panel de periodistas de la región presentaron los hallazgos de investigaciones sobre el tema en Venezuela, Brasil, Guatemala y México. El panel estuvo conformado por Samedi Aguirre de Animal Político en México, Pablo Medina del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en Chile y Adrián Gonzáles de Cazadores de Fake News en Venezuela.

La desinformación organizada desde el Estado con fondos públicos en Latinoamérica tiene varias características y metodologías que son comunes en todos los países. La primera característica es la formación de redes de cuentas en Facebook o Twitter con el objetivo de mover una narrativa que beneficie la imagen del gobierno o que ataque a los adversarios percibidos. Tal es el caso de los «Tuiteros de la Patria» y el operador de comunicación política Rafael Núñez en Venezuela, o los netcenters con vínculos a militares en Guatemala.

La segunda característica del uso de desinformación desde el Estado es el ataque a los medios de comunicación y a adversarios políticos utilizando iniciativas estatales de verificación sin una metodología imparcial, como ha ocurrido en México, Argentina, Ecuador y otros países latinoamericanos. En el caso de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha creado espacios como «Infodemia», iniciativa de verficiación estatal que funciona más como un órgano de propaganda gubernamental. «Quién es quien en las mentiras» es otro espacio en la conferencia mañanera de López Obrador con el objetivo expreso de atacar a los medios de comunicación que son percibidos como opositores.

Una tercera característica de la desinformación estatal, específicamente en Venezuela, involucra el uso herramientas de inteligencia artificial para la creación de noticieros falsos que coloquen narrativas definidas por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Estos bulos luego saltan de las redes sociales hacia los medios afines o «proxys», que amplifican la narrativa. El modelo es una copia de la estrategia institucional rusa de desinformación estatal.

Si bien los casos sólamente abordan los países antes mencionados, otros gobiernos latinoamericanos, especialmente aquellos con una tendencia hacia el autoritarismo, aplican estas estrategias para alimentar su popularidad y neutralizar partes opositoras.

Estas estrategias socavan las democracias y se nutren de fomentar la polarización y el odio entre las poblaciones, además de encubrir o defender funcionarios acusados por corrupción, propagar mensajes lesivos a los derechos humanos y debilitar la credibilidad en el periodismo independiente y las organizaciones de sociedad civil.