Organizaciones de la sociedad civil y dirigentes opositores repudiaron el decreto del presidente argentino, Javier Milei, que limita el acceso a la información pública establecido en 2016 por una ley de transparencia del Estado y le reclamaron derogar la medida.

En una carta pública divulgada la noche del martes, unas 70 asociaciones civiles repudiaron el decreto, que redefine los alcances de la ley y establece que la vida privada de los gobernantes está fuera de cualquier requisitoria de información.

«Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública», reclamaron decenas de organizaciones, entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El presidente promulgó el viernes pasado la ley aprobada en 2016 por el Congreso y le introdujo por decreto algunas especificaciones, como por ejemplo determinar qué tipo de información puede ser requerida, dejando fuera del alcance, entre otras cosas, «los papeles de trabajo» de los funcionarios y «sus deliberaciones».

También, introduce el requisito del «principio de buena fe» para todo pedido de información pública y autoriza la imposición de indemnizaciones a quienes lo violen o hagan un uso del abusivo del derecho.

Además, el decreto estimó «necesario adoptar medidas para evitar la divulgación de toda información que, por su especificidad, pueda ser utilizada para identificar rutinas, desplazamientos y ubicaciones de una persona, así como la relacionada con denuncias o investigaciones en curso».

Para las asociaciones civiles, la medida presidencial «implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción».

También, consideraron que su aplicación «genera un marco normativo discrecional».

A finales de julio, un dictamen judicial ya había avanzado en limitar el acceso a la información pública sobre «la vida privada» del presidente Milei, incluido cualquier dato referente a sus perros, un punto sensible para el mandatario.

Así lo había dictaminado la Procuración del Tesoro de la Nación al rechazar una solicitud de información pública respecto a los gastos de manutención de los cuatro perros del presidente y el costo de la construcción de caniles en la residencia presidencial.