El Pleno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio Público retomar y dar prioridad a todas las acciones necesarias para resolver y encontrar a Sneider Centeno, Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Tróchez, quienes fueron sacados de sus viviendas en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en Tela, departamento de Atlántida, la noche del 18 de julio de 2020. Esta resolución, además, favorece a Miriam Miranda Chamorro, Pablo Centeno, Nahún Efraín Guity y otros, quienes demandaron al exfiscal general Oscar Fernando Chinchilla por el manejo del proceso.
El amparo emitido por la Sala de lo Constitucional establece la necesidad de tomar acciones inmediatas para dar con el paradero de los cuatro desaparecidos sin más dilataciones.
Las medidas incluyen identificar, ubicar e imputar a los responsables de los hechos, además de brindar asistencia pronta a los familiares de las víctimas. La resolución también enfatiza la protección a las víctimas y la recopilación de evidencia para asegurar la justicia.Según el comunicado oficial, el Ministerio Público debe implementar medidas inmediatas y efectivas para garantizar el cumplimiento de estas órdenes.
#LOMÁSRECIENTE🔴| La Sala de lo Constitucional concedió Amparo en el caso de las víctimas de desaparición forzada en la comunidad de El Triunfo de la Cruz. pic.twitter.com/yYt6ht708m
— ICN.Digital (@ICNDigital) August 1, 2024
El caso ha sido una herida abierta para la comunidad de Triunfo de la Cruz y para las organizaciones de derechos humanos en Honduras, como OFRANEH, que han estado luchando por la justicia y la verdad.
La desaparición de estos cuatro hombres, todos garífunas, ha generado una condena internacional, resaltando las deficiencias en la protección de los derechos humanos en el país.
La nueva resolución de la Corte Suprema busca corregir estas deficiencias y enviar un mensaje claro de que las desapariciones forzadas no quedarán impunes.
El llamado a la acción por parte del máximo tribunal del país pone en el centro de atención la necesidad urgente de justicia y reparación para las familias de los desaparecidos. Las organizaciones de derechos humanos esperan que esta resolución marque un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en Honduras.
