Tegucigalpa –El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que la controvertida Ley de Amnistía Política es constitucional. En la deliberación, 10 de los 15 magistrados votaron a favor de rechazar los recursos de inconstitucionalidad presentados. Este decreto ha sido objeto de intensas críticas y es percibido por sectores opositores como un «pacto de impunidad«.

Aspectos clave de la decisión judicial

Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, aclaró que la Sala de lo Penal había planteado dos recursos en contra del decreto 04-2022, que incluye la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho. 

«La decisión, respaldada por una mayoría, establece que lo aprobado por el Congreso Nacional es constitucional en su totalidad. Por lo tanto, los recursos de inconstitucionalidad han sido declarados sin lugar», señaló Duarte.

Esta determinación es final, lo que significa que no existen más instancias de apelación.

¿En qué consiste la Ley de Amnistía Política?

Aprobada el 3 de febrero de 2022, esta Ley de Amnistía Política ha suscitado un amplio debate. Exfuncionarios como Enrique Flores Lanza, exministro de Finanzas; Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel; y César Arnulfo Salgado, ex titular del FHIS, han sido beneficiados por esta normativa a pesar de estar acusados de delitos como enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.

La ley ofrece absolución de acción penal a «presos y perseguidos políticos» que se opusieron al régimen de facto que emergió tras el golpe de Estado de 2009. También protege a quienes fueron considerados «víctimas del golpe de Estado» y a aquellos que desempeñaron funciones públicas durante el gobierno de José Manuel Zelaya.

Sin embargo, muchos críticos consideran que esta ley actúa como un «blindaje» para exfuncionarios que han cometido delitos ajenos a los propósitos originales de la amnistía.

Resultados de la Votación

El Poder Judicial hizo pública la votación de los magistrados, que se detalla a continuación:

 Votaron a favor:

– Rebeca Ráquel Obando (Partido Libre)

– Roy Pineda (Partido Libre)

– Mario Díaz (Partido Libre)

– Rubenia Galeano (Partido Libre)

– Nelson Mairena (Partido Liberal)

– Odalis Nájera (Partido Liberal)

– José Ricardo Pineda (Partido Libre)

– Felipe Esper (Partido Liberal)

– Aida Patricia Romero (Partido Libre)

– Roxana Morales (Partido Liberal)

Votaron en contra:

– Anny Ochoa (Partido Nacional)

– Gaudi Bustillo (Partido Nacional)

– Walter Miranda (Partido Nacional)

– Luis Discua (Partido Nacional)

– Marvin Espinal Pinel (Partido Nacional)

 Implicaciones de la decisión

La declaración de constitucionalidad de la ley complica la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), ya que la Organización de Naciones Unidas (ONU) había exigido la eliminación de este decreto como condición para su establecimiento.