Tegucigalpa.- Ricardo Ramírez del Cid fue despojado de su hijo de 17 años, quien fue asesinado tras ser depurado de la Policía, donde había sido señalado por su supuesta participación en el asesinato de Julián Arístides González, exdirector de Lucha contra el Narcotráfico, y enfrenta cargos por lavado de activos.
Ascenso en la policía
Nacido el 2 de octubre de 1958 en San Pedro Sula, Cortés, Ramírez del Cid se incorporó a la Fuerza de Seguridad Pública el 21 de diciembre de 1983, graduándose como subteniente. Fue parte de la quinta promoción de la Policía Nacional. Su cargo más relevante fue el de director de la Policía Nacional, pero su paso por este puesto fue efímero. Después de seis meses y medio, fue destituido el 21 de mayo de 2012 por el presidente Porfirio Lobo Sosa, en medio de una crisis marcada por los señalamientos de participación de agentes en secuestros y asesinatos.
La destitución de Ramírez del Cid se debió también a su incapacidad para contener la ola de homicidios que el país enfrentaba en ese momento, con una tasa de 82 muertes por cada 100,000 habitantes. Este hecho marcó el inicio de su declive profesional.
Dolor familiar
La vida familiar de Ramírez del Cid estuvo igualmente marcada por tragedias. En 2013, su hijo, Óscar Roberto Ramírez, de 17 años, fue acribillado a balazos por desconocidos en un restaurante en la colonia Lomas de Toncontín, al sur de la capital. Ramírez del Cid señaló al entonces director de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, como responsable del crimen
Acusaciones
Tras varios años de vivir esta tragedia familiar, Ramírez del Cid comenzó a ser relacionado con una supuesta participación en actividades del crimen organizado. En 2016, el New York Times publicó un informe que lo mencionaba como parte de un grupo de funcionarios policiales que habrían ordenado el asesinato de Julián Arístides González en 2009 y de Alfredo Landaverde en 2011. En el momento del asesinato de Landaverde, Ramírez del Cid ocupaba el cargo de director de la Policía.
Investigaciones y depuración
Las revelaciones acerca de su implicación en un supuesto Cártel del Atlántico llevaron al entonces presidente Juan Orlando Hernández—actualmente condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico— a ordenar una profundización de la depuración en la Policía Nacional. Así, en junio de 2016, la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional lo separó de la fuerza.
Ramírez del Cid pasó del ostracismo a enfrentar acusaciones formales. La Fiscalía General lo acusó de lavado de activos y promovió un proceso para despojarlo a él y a su esposa, Thelma Umaña, de sus bienes, por sospecha de que estos habían sido obtenidos de fuentes ilícitas.
En febrero de 2021, se le incautaron activos valorados en 26 millones de lempiras, aplicando la Ley de Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito.
Extradición
En abril pasado, un juez realizó una audiencia de información en la que no asistieron ni Ramírez del Cid ni su esposa, uno de los pasos culminantes en el proceso civil con el objetivo de despojarlos de su fortuna.
Mientras tanto, la Fiscalía presentó cargos penales por lavado de activos, acusándolos de haber realizado transacciones sin justificar por un total de 37 millones de lempiras entre 2007 y 2016, de los cuales aproximadamente 26 millones habrían sido obtenidos ilícitamente.
La pareja imputada huyó a España en una fecha no precisada, donde tramitó asilo político. Sin embargo, la Policía Nacional anunció el 24 de septiembre que ambos decidieron entregarse y enfrentar la justicia, iniciándose así los trámites de extradición.
Consecuencias legales
En 2020, el Ministerio Público, mediante la Operación Némesis VII, tomó acciones para incautar 40 bienes vinculados a Ramírez del Cid, argumentando que habían sido adquiridos con fondos ilícitos. Finalmente, el 7 de agosto de 2023, Ramírez del Cid fue capturado junto a su esposa, Thelma Umaña Powell, en virtud de acusaciones de lavado de activos. Su detención concluye una serie de procesos legales destinados a esclarecer el origen de su fortuna y su implicación en redes de corrupción.
Así, el hombre que alguna vez dirigió la Policía Nacional ahora se enfrenta a la justicia, un reflejo de los profundos dilemas éticos y legales que han manchado a las instituciones hondureñas.
Tania 
Redacción ICN