El costo económico directo del crimen y la inseguridad en América Latina se ha mantenido en un alarmante 3,44% del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2022, según estimaciones de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este porcentaje no ha mostrado señales de mejora, a pesar de los esfuerzos para reducir la violencia en la región.

Este costo abarca no solo la pérdida de vidas humanas y la reducción de la calidad de vida de los ciudadanos, sino también el creciente gasto público en servicios de prevención y control del crimen, y el desembolso de dinero en seguridad privada en 22 de los 33 países de la región.

En conjunto, estos gastos representan casi el 80% del presupuesto destinado a educación, lo que significa que estos recursos, en lugar de ser invertidos en innovación o en la mejora de infraestructuras, se destinan a mitigar las consecuencias de la violencia y el crimen.

El Impacto económico indirecto: Desincentivos para la inversión y el turismo

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, señaló que, además de los costos directos, existen costos indirectos como la reducción de la inversión, la menor productividad empresarial, el aumento de la migración y el impacto negativo en el turismo, un sector clave para las economías latinoamericanas. Las investigaciones indican que un aumento del 10% en los homicidios podría reducir la actividad económica en un 4%, mientras que reducir las tasas de homicidio a la mitad podría impulsar la actividad económica un 30%. Además, América Latina y el Caribe concentran un tercio de los homicidios a nivel mundial, lo que subraya la magnitud del problema.

Desigualdad y Crimen: Factores que Profundizan los Costos Económicos

Durante la inauguración del seminario “Crimen en Latinoamérica y el Impacto para las Políticas Públicas”, la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, explicó que la creciente inseguridad en la región ha dejado de ser solo un obstáculo social para convertirse en una barrera económica fundamental para el desarrollo de los países latinoamericanos.

La inseguridad también afecta la inclusión laboral, particularmente la integración de las mujeres al empleo formal, lo que reduce aún más el potencial económico de la región.

Gopinath también destacó que la desigualdad prevalente en América Latina agrava los costos de la inseguridad, lo que crea un ciclo difícil de romper entre la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades.

Para abordar esta situación, los expertos coincidieron en la necesidad de que los gobiernos implementen políticas públicas que incluyan medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica, fomentar la inclusión social, crear oportunidades laborales para los jóvenes y mejorar el estado de derecho en toda la región.

El Caso de México: Crimen organizado y sus costos para las empresas

En la conferencia, la experta de la Universidad de Harvard, Melissa Dell, presentó su investigación sobre el impacto de la delincuencia organizada y el narcotráfico en México, donde advirtió que el crimen tiene un costo considerable para las empresas. El FMI ya había alertado previamente sobre cómo la inseguridad en México limita las nuevas inversiones, la creación de empleo y el crecimiento económico del país.

Según los informes del FMI, los costos de la inseguridad son especialmente elevados en el sur de México, y los delitos, como los robos y extorsiones, generan pérdidas económicas directas. Además, las empresas deben hacer frente a altos gastos en seguridad y medidas preventivas, lo que afecta su rentabilidad. Los costos indirectos, como la percepción de la delincuencia, también juegan un papel crucial al influir en las decisiones de inversión y en el clima de negocios.

Medidas Urgentes para Combatir la Inseguridad y Fomentar el Desarrollo

Para superar estos desafíos, los expertos enfatizaron que los gobiernos de América Latina deben abordar la violencia y la inseguridad de manera integral. Las políticas deben enfocarse en mejorar la seguridad pública, pero también deben ir acompañadas de estrategias económicas que favorezcan el crecimiento y la equidad social. En este sentido, las reformas estructurales en la educación, el empleo y la justicia son clave para romper el ciclo de pobreza y violencia que afecta a muchos países de la región.

Este análisis subraya que la inseguridad es uno de los principales factores que limita el desarrollo de América Latina y que para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, es crucial implementar políticas públicas que no solo enfrenten la violencia, sino que también promuevan un crecimiento económico sostenible y justo para todos.