Esta mañana, los representantes legales del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa recibieron la notificación de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, que ha aceptado un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. Esta decisión implica que se reanuden los procesos legales contra cinco ambientalistas, entre ellos Juan López, quien fue asesinado violentamente el 14 de febrero en Tocoa, Colón.
El documento también incluye a Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adaly Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos. El Ministerio Público los acusa de incendio agravado y privación injusta de la libertad durante la instalación de un campamento contra la minera Pinares, del grupo EMCO. En este evento, un ambientalista resultó herido, aparentemente a manos de individuos que se identificaron como miembros de la seguridad de la minera.
2/3. A pesar de que el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria resolvió que los procesos penales contra los defensores de Guapinol son arbitrarios, el sistema de (in)justicia se empeña en perseguir a Juan López incluso después de su muerte por defender la vida.
— Joaquín Mejía Rivera (@LawyersforHR) September 19, 2024
La notificación llega un día después de que los ambientalistas solicitaran a los «actores nacionales» no intervenir en el proceso de investigación, citando los fuertes vínculos de la empresa EKOTEC con diversos actores, tanto personales como institucionales.
El doctor en derecho Joaquín Mejía criticó la decisión, señalando que revierte el sobreseimiento y evidencia la “poca dignidad” de las magistradas, quienes, según él, deberían haber cerrado el caso por la muerte de López. Mejía expresó su preocupación por la persecución continua a los defensores de derechos humanos y exigió una investigación inmediata contra las magistradas Vianey Cruz Recarte, Dilia Irasema Guillén Sánchez, Roxana Ninoska Calix Zúñiga e Ilas Lizeth Amador Rivera.
3/3. Las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público deben investigar a estos funcionarios que son ágiles para perseguir a los defensores de los bienes comunes y lentos para perseguir a los verdaderos criminales. pic.twitter.com/WpyHwaUDBI
— Joaquín Mejía Rivera (@LawyersforHR) September 19, 2024