Contingencia 2: la ruta del CNE que sigue atrapada entre auditorías y desconfianzas
TEGUCIGALPA.- La paralización de la divulgación de resultados de las elecciones generales de 2025 en Honduras no es solo una historia de fallas informáticas. Es, sobre todo, el relato de un plan de salida diseñado con anticipación que no logra aterrizar por las tensiones dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y por la forma en que la empresa proveedora del sistema ha manejado sus propios errores.
Hasta el último corte disponible, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, suma 1,132,321 votos, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, registra 1,112,579. La diferencia es de 19,742 votos en un contexto donde se ha procesado el 88.02% de las actas: 16,858 de 19,152, con 2,407 actas reportadas con inconsistencias. Es decir, el país está en una fase avanzada del conteo, pero sin una actualización reciente que permita dimensionar cómo se mueve la tendencia.
LEA: Libre es una máquina de autodestrucción de votos: perderá 1 millón, la mayor caída de la historia
En medio de ese vacío de información, dentro del CNE se viene discutiendo la activación de la llamada “Contingencia 2”. Pese a su nombre, no se trata de una improvisación de última hora ni de un plan de emergencia improvisado: es un proceso previamente diseñado, pensado para operar con actas que no pudieron ser procesadas por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
De acuerdo con información compartida a ICN desde fuentes internas en el CNE, existían condiciones para que la divulgación se hubiera reanudado ayer utilizando esa ruta alternativa. Sin embargo, el mecanismo quedó atrapado en una dinámica que combina exigencias políticas internas y la respuesta técnica de la empresa Grupo ASD, encargada del TREP.
Intentos de avanzar
Un sector del pleno sostiene que antes de activar la Contingencia 2 la empresa debía rendir un informe detallado de lo ocurrido con las caídas anteriores del sistema. La exigencia de “rendir cuentas” por las fallas técnicas, en lugar de ser una etapa paralela, terminó convirtiéndose en una condición previa para cualquier movimiento. Eso colocó al proceso en una especie de círculo vicioso: primero el informe, luego la contingencia; pero para hacer el informe, la empresa detiene o frena los avances ligados a esa misma contingencia.
Mientras tanto, el reloj político sigue corriendo. Desde dentro del CNE se reconoce que los problemas del sistema han servido de “munición” para actores que buscan deslegitimar el proceso, alargando la discusión sobre cada error técnico y trasladando el debate desde las actas físicas hacia la pelea por los sistemas y las narrativas.
En el pleno, dos consejeras -cada una representante de fuerzas políticas distintas- han insistido en que hay salidas disponibles y que el país no puede quedarse atrapado indefinidamente en las explicaciones de la empresa ni en la revisión de lo que ya falló. Sin mencionar nombres, la descripción es clara: ellas empujan por avanzar, mientras una tercera voz del órgano colegiado no se muestra dispuesta a agilizar la reanudación de la divulgación bajo las alternativas actuales.
Un punto técnico clave es el “triple sellado” del software vinculado a la Contingencia 2. Ese sellado es un requisito para blindar el procedimiento y garantizar la confianza de los partidos políticos, pero, al estar anclado al mismo sistema que se audita, su avance queda supeditado a las discusiones sobre los fallos previos. De nuevo, el resultado es un bloqueo: sin sellado no hay contingencia, sin contingencia no hay divulgación.
En paralelo, se ha abierto otro frente de discusión: las fechas y los registros de carga de archivos. Un sector se concentra en cómo suben o bajan los archivos, en qué momento exacto se cargan al sistema y qué fecha queda registrada. Desde el ala que empuja por destrabar el proceso, la postura es más pragmática: si la imagen del acta y los archivos reflejan fielmente los datos originales, lo importante es que esa información se levante, se documente el momento en que se incorpora y se comunique de forma transparente a los partidos políticos.
En esa línea, una consejera recuerda -como ya lo expresó en sesión- que “el sistema informático no es la elección”. En Honduras no existe voto electrónico: las maletas y las actas físicas siguen siendo el soporte central de la voluntad popular. El argumento es que el CNE no puede quedar preso de un contrato con una empresa ni de un sistema informático deficiente, cuando tiene en sus manos los documentos originales que le permiten seguir sumando y divulgando.
A pesar de las horas de discusión y de que la mayoría del pleno podría, en teoría, avanzar por la vía de la Contingencia 2, dentro del CNE pesa también el cálculo de hasta dónde pueden exponerse a nuevas impugnaciones o ataques políticos. Por eso, aunque existe una ruta de salida, se avanza con extrema cautela, en un ambiente donde cualquier decisión es potencialmente usada como arma por quienes buscan alargar el conflicto o anular el proceso.
Las consejeras que abogan por retomar la divulgación han dejado claro que no es más importante el contrato con la empresa que la obligación institucional de sumar y publicar resultados. Pero el choque entre esa visión y la insistencia en seguir atados a los tiempos y explicaciones de la empresa ha mantenido detenido el tablero.
Mientras el CNE continúa en sesión, la narrativa pública se sigue definiendo fuera del órgano electoral: desde redes sociales, desde vocerías políticas y desde los propios sectores que ven en cada minuto de retraso una oportunidad para sembrar dudas. Dentro del organismo, sin embargo, el mensaje que intentan enviar quienes buscan avanzar es otro: hay mecanismos, hay actas, hay procesos diseñados; lo que falta es que el pleno deje de mirar únicamente hacia el pasado del sistema y decida, finalmente, cómo usar lo que ya tiene en las manos para cumplir con su deber de divulgar.
LEA: ¿Qué diferencias hay entre el indulto de EE. UU. y el de Honduras?