Los extorsionadores siempre van un paso adelante, ante las medidas aplicadas para evitar el pago a los criminales mediante sistemas electrónicos, recurren a otros métodos que les permiten disfrutan de miles de millones de lempiras

Mientras el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, mostraba orgulloso el lunes pasado un informe que da cuenta de la desarticulación de 557 bandas de extorsionadores en el marco del estado de excepción, “Luis”, un taxista de un punto de Tegucigalpa, acababa de entregar una de las siete “rentas” que paga a grupos extorsivos.

Este fue un choque entre el discurso oficial y el lamento de quienes viven en carne propia este flagelo, que según este trabajador ha ido en aumento.

“Normalmente se pagan cuatro extorsiones, pero de repente aparecen otros cobrando hasta tres extorsiones”, dijo “Luis”, nombre usado para resguardar su identidad.

Proteger a personas como “Luis” y miles de operarios del transporte y dueños de comercios es parte del Plan Nacional Integral contra la Extorsión, que se aplica bajo el estado de excepción, ambos vigentes desde 2022, pero este ruletero sentencia que “nadie se ha liberado de pagar la extorsión”.

Tal declaratoria suspende de una serie de garantías constitucionales, como libertad de asociación, circulación y la inviolabilidad del domicilio, situación que posibilita a la autoridad un mayor espacio de acción para realizar detenciones.

Las abuelas cobran 

Aunque los extorsionadores siguen usando teléfonos celulares para contactar a sus víctimas, estos emplean otros métodos para dejar la menor cantidad de pista al momento de que se hace una entrega de dinero.

“A veces se sube (al taxi) una persona, es un extorsionador que ya ha llamado por teléfono, y dice que suba a una anciana que está en la calle y se le da el dinero a ella, lo guarda en una cartera, quién puede decir que una viejita trabaja con ellos”, explica “Javier”, otro taxista víctima de la extorsión. 

Y así van variando los mecanismos para que se vuelvan indetectables a los ojos de las autoridades.

Ciertos grupos criminales hacen cobros auxiliándose de videollamadas, lo que les permite dirigir las operaciones y monitorearlas en tiempo real.

“Te dan un teléfono y hacen la videollamada, ahí te van diciendo que te muevas   y que muestres la calle en el video, al ver a una persona determinada en el video en la calle, te dicen que le des el dinero a esa persona, así también lo vigilan a uno”, expresó. 

Con recarga incluida

Otros pagos de extorsión ahora incluyen el dinero para recargas telefónicas, para que los criminales lo repartan entre cómplices y estos puedan hacer llamadas a las víctimas. 

“Si pagamos 800 cada uno (de los taxistas) a la semana, se dan entre todos otros 500, con eso ellos le ponen recarga y nos llaman, ahora evitan que nosotros los contactemos y ellos llaman”, indicó el conductor.

“Javier” cuenta que entre sus costos de operación incluyen cuatro “tarifas” a los extorsionadores, cada una por 800 lempiras semanales, pues “es un punto pequeño de aproximadamente 25 unidades.

El valor de la extorsión sube de acuerdo con el número de carros en la estación. En Tegucigalpa operan 7 mil taxis en puntos y unos 1,500 buses urbanos.

A nivel nacional, los hondureños pagaban en 2022 unos 18 mil millones de lempiras a extorsionadoras, de acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Emergencia  

Para abordar la crisis de extorsión, el Poder Ejecutivo emitió en diciembre de 2022 el decreto PCM-29-2022, mediante el cual suspendió las garantías constitucionales (artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103).

Así, quedaron limitados derechos como las libertades individuales, de asociación y circulación, así como la inviolabilidad del domicilio, para facilitar la detención de sospechosos.

Dicho decreto ha sido extendido 15 veces.  Se aplica en 226 de los 298 municipios del país que más están afectados por la extorsión.

En este dispositivo, para el cual se requirieron mil millones de lempiras, participan diversas fuerzas del orden estatal, como la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco). 

Como parte de la iniciativa antiextorsión, se aprobaron medidas para tratar de cortar el circulante del pago de “impuesto de guerra” que se hace por medios electrónicos

Entre otros, se aumentaron controles de identificación de quienes envían transferencias digitales, pues esta ha sido una de las vías para canalizar las sumas.

No obstante, algunos extorsionadores que siguen usando estos servicios de pago en línea, aprovechando que el cerco no ha sido tan efectivo.

“No se regula la portabilidad numérica (de la telefonía celular), lo que permite la adquisición de billeteras electrónicas que son usadas por las estructuras criminales para cobrar la extorsión”, explico Mario Fu, vocero de la Dipampco.

Admitió que en el 95% de las extorsiones se utiliza el teléfono celular como mecanismo para comunicarse con los afectados.

“Logros”

En su reciente comparecencia, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, detalló algunos logros de estas iniciativas, como la detención de más de 500 organizaciones de extorsionadores, lo que, dice, representa un 200% más que en años previos a las medidas.

Pero la justicia no ha logrado controlar a los “toros” que jefean a las bandas. De acuerdo con las consultas hechas a trabajadores del transporte, entre los líderes de estas asociaciones ilícitas se encuentran alias “El Azul” y “El Mafia”, quienes operan desde el Centro Penitenciario de Tamara, Francisco Morazán.

“El Mafia y El Azul y la 18 son a quienes se les paga la extorsión, nunca han dejado de operar y cuando aparecen nuevos grupos cobrando, a veces son mandos intermedios de ellos o dirigentes de puntos”, explico “Luis”.

Pero cuando los “nuevos extorsionadores” inician a cobrar y no lo reportan a sus jefes, en ocasiones han sido asesinados, según una fuente consultada por ICN Noticias. 

Casi 2,300 muertos en 10 años

Cuestiona cifras

El empresario del transporte, Jorge Lanza, cuestionó los logros en materia de lucha contra la extorsión que expuso el ministro de Seguridad. 

“No se de dónde saca eso de detenidos, porque seguimos siendo amenazados, puede ser que de las cárceles no salgan llamadas, pero acá la gente sigue siendo amenazada dejándole teléfonos en las terminales o a los despachadores”, expresó.

Calculó que solo en Tegucigalpa las empresas de buses se pagan entre 30 a 35 millones de lempiras en extorsión.

La actividad extorsiva, dijo, también ha generado que cada vez sea más difícil retener mano de obra, pues “los conductores y los ayudantes huyen, lo que hace que se contrate gente sin experiencia”.

Sin control los “toros” de la extorsión 

Mientras entre los capturados no se encuentre miembros del “top 10” de las mafias que extorsionan, difícilmente el gobierno puede hablar de un éxito en su lucha contra estos delincuentes, indicó la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas.

“Hay capturas en entregas controladas, pero la amenaza persiste”, insistió.

Pero Mario Fu dice que la mayoría de los cabecillas han sido detenidos y guardar prisión, pero acepta que desde los penales continúan delinquiendo, porque “se las ingenian” para tener acceso a comunicaciones.

El lavado no se toca

Una de las debilidades de la estrategia contra la extorsión radica en que no se ataca un delito conexo, el lavado de activos, por lo que las ganancias siguen aumentando y haciendo más poderosos a los jefes de estas mafias, opinó el coordinador de Seguridad de ASJ, Nelson Castañeda.

“Para investigar el delito de extorsión, usted sabe que debe de investigar el lavado de activos, porque si persigue el dinero dará con las cabezas de la extorsión, y en 2021 se presentaron 21 requerimientos por lavado y en 2023 solo se presentaron 6”, aseguró.

Siempre materia de aplicación de justicia en ese ámbito, el balance también es desfavorable, dice Castañeda: en 2019 se presentaron 444 requerimientos fiscales contra extorsionadores versus 102 en 2023, para una reducción de 75%.

A esto se suma que, de 2,999 acusaciones contra extorsionadores, casi el 50% recibió sobreseimiento.