La Comisión Interventora del Instituto de la Propiedad (IP) denunció ante el Ministerio Público presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la actual y pasada administración. Esdras Ochoa, presidente de la comisión, afirmó que se contrataron servicios de organizaciones no gubernamentales para levantamiento de bases de datos y otras asignaciones que no se realizaron. Esta denuncia surge después de más de un mes de trabajo, posterior a la juramentación de la comisión el pasado 2 de junio, por orden de la presidenta.

La comisión realizó una revisión documental del uso de fondos por un valor de 220 millones de lempiras que salieron de las arcas del estado en pagos de proyectos sociales, levantamiento de datos de posibles beneficiarios, entre otros. Entre los hallazgos se encontraron altos sueldos para funcionarios que no coinciden con las labores realizadas, aseguró Ochoa. Agregó que serán los fiscales del Ministerio Público quienes definan si los documentos entregados se convierten en evidencia y qué tipos de delitos se habrían cometido.

El presidente de la Comisión Interventora añadió que están a punto de firmar un convenio con el Tribunal Superior de Cuentas para realizar una auditoría interna. Esta acción romperá con más de una década sin fiscalización de los procesos y fondos en el IP. Ochoa destacó: «Desde 2007 no se han realizado auditorías al IP, nosotros estamos a punto de firmar un convenio para realizar la primera en más de una década». Este esfuerzo busca transparentar el manejo de los recursos y asegurar que no se repitan actos de corrupción en el futuro.