TEGUCIGALPA.– El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este lunes un comunicado en el que fija posición institucional frente al escrutinio especial de las elecciones generales de 2025 y advierte que existen conductas deliberadas para obstaculizar el proceso electoral y forzar la repetición de los comicios.

En el documento, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio recuerdan que el escrutinio especial está expresamente regulado por la Ley Electoral y que su ejecución corresponde exclusivamente a las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), integradas por personas acreditadas por los partidos políticos.

El CNE aclara que no tiene atribuciones legales para realizar directamente el escrutinio especial ni para delegarlo a terceros, limitándose su rol a la disposición logística, administrativa y de acompañamiento técnico, conforme al marco legal vigente.

No obstante, señala que durante el desarrollo del proceso un porcentaje significativo de integrantes de las JEVR incurrió en conductas contrarias a la ley, incluyendo paralización injustificada de labores, tiempos excesivos en el procesamiento de actas, anulaciones sin causa legal y hechos de violencia dentro de instalaciones institucionales.

Decisiones

Según el comunicado, estas acciones lesionaron gravemente el desarrollo normal del proceso electoral y responden a un patrón sistemático y coordinado, orientado a impedir la emisión de la declaratoria electoral dentro del plazo legal.

En relación con la declaratoria, el CNE sostiene que no se trata de hechos aislados ni fortuitos y afirma que resulta evidente a qué sectores políticos beneficia un escenario prolongado de incertidumbre y desestabilización institucional.

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El ente electoral también rechaza cualquier intento de injerencia de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, señalando que carece de facultades constitucionales para pronunciarse sobre el proceso electoral o sobre la actuación de las consejeras, advirtiendo que hacerlo constituiría una acción inconstitucional.

Finalmente, el CNE responde a las actuaciones del Ministerio Público, indicando que, mientras no se agoten los procedimientos constitucionales, no está facultado para ejercer acción penal contra las consejeras, y llama a los partidos políticos, misiones de observación y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes ante cualquier nuevo intento de atentar contra el proceso electoral o quienes lo dirigen.