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Tegucigalpa. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) rechazó la «campaña de odio» que asegura ha iniciado el gobierno contra ese organismo luego de que denunciara ante el Ministerio Público a seis funcionarios por, presuntamente, desviar 600 millones de lempiras de algunos programas para destinarlos a gastos de publicidad entre 2023 y 2024.

«Esta instancia de sociedad civil lamenta que, contrario a cumplir estos estándares emitidos por la Corte IDH, sea el propio poder público que fomente y promueva campañas de odio contra las organizaciones que luchan frontalmente contra la corrupción», expresa un comunicado del CNA.

Y, agrega que «más grave aún, es amenazar con denunciar, sin fundamento alguno, a quienes frontalmente investigan y revelan presuntos casos de corrupción dentro de la Administración pública».

Los denunciados fueron Rixi Moncada, ministra de Defensa; Christian Duarte, ministro de Finanzas; Marlon Ochoa, exministro de Finanzas; Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica; María Eugenia Maradiaga, exgerente administrativa de Planificación Estratégica; y Rosy Jaqueline Díaz, gerente administrativa de esa misma secretaría, por los delitos de malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

Se les señala de tener distintos grados de participación en el desvío de más de 600 millones de lempiras entre 2022 y 2024, provenientes de la partida 449 (fondos de contingencia), un préstamo del BCIE destinado a la crisis de combustibles y excedentes del Banco Central de Honduras (BCH), los cuales fueron usados para propaganda y publicidad en violación, asegura el CNA, a la Ley Orgánica del Presupuesto y sin cumplir con los procedimientos de transparencia establecidos.

Ricardo Salgado reaccionó calificando la denuncia del CNA como una estrategia política dirigida desde la Embajada de Estados Unidos.

“Este ataque proviene de instrucciones directas de la Embajada. No hay desvíos, se pagaron servicios, se pagó a pequeños y grandes proveedores como Televicentro o La Tribuna”, afirmó, defendiendo que los pagos fueron legítimos y destinados a regularizar periodistas como comerciantes.

Por su parte, el dirigente de Libre, Carlos Eduardo Reina, señaló: “Al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) solo le falta ponerse la camisa del Partido Nacional”, sugiriendo que sus acciones reflejan una aparente parcialidad política.

La Secretaría de Finanzas aclaró, mediante un comunicado, que las modificaciones presupuestarias realizadas estaban dentro de sus facultades legales, pero justificó el uso de los fondos de la partida 449 y otros recursos para propaganda y publicidad argumentando necesidades presupuestarias. No obstante, el CNA señaló que esta discrecionalidad violó la Ley Orgánica del Presupuesto, que prohíbe destinar esos fondos a fines no previstos.

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