Tegucigalpa. El Congreso Nacional aprobó anoche un presupuesto de 110 millones de lempiras para que la Unidad de Política Limpia supervise el financiamiento de las campañas electorales de cara a las primarias de marzo de 2025.

El monto, que representa una reducción respecto a los 124 millones solicitados inicialmente, fue revisado y enviado al Legislativo por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La asignación de recursos llega tras meses de discusiones y ajustes, durante los cuales la Unidad advirtió sobre los riesgos de operar con un presupuesto limitado. Este dinero se utilizará para auditorías y monitoreos de los fondos utilizados por partidos políticos y precandidatos.

Las elecciones primarias en Honduras se realizarán el 9 de marzo de 2025. En este proceso, los partidos políticos seleccionarán a sus candidatos de las elecciones generales de noviembre de ese año para la presidencia de la República, designados presidenciales, 128 diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional, 20 diputados propietarios y suplentes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y para las corporaciones municipales de las 298 localidades del país.

Entre los partidos que participarán en este proceso se encuentran el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal.

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, conocida como Unidad de Política Limpia, tiene las siguientes facultades principales:

  1. Fiscalización del financiamiento electoral: Supervisar y auditar los ingresos y gastos de los partidos políticos, alianzas, movimientos internos y candidatos durante los procesos electorales.
  2. Regulación del origen de los fondos: Verificar que los recursos utilizados en campañas provengan de fuentes lícitas, evitando el uso de dinero de actividades ilícitas como el narcotráfico, corrupción o lavado de activos.
  3. Presentación de informes financieros: Requerir a los partidos y candidatos la entrega de informes detallados sobre los fondos recibidos y utilizados, incluyendo donaciones, aportaciones y otros ingresos.
  4. Aplicación de sanciones: Imponer multas o medidas correctivas en caso de incumplimiento de las normativas sobre transparencia financiera.
  5. Educación y capacitación: Desarrollar programas para capacitar a los actores políticos y ciudadanos en materia de transparencia y rendición de cuentas.
  6. Publicación de resultados: Garantizar que la información sobre los recursos y financiamiento electoral esté disponible para la ciudadanía, promoviendo la transparencia.

Texto elaborado con IA.

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