Cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron sobreseer a las 38 personas denunciadas por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en el caso Pandora, condenaron a la hambruna a decenas de campesinos.

Con fondos nacionales y donaciones internacionales entregados a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los campesinos de 12 departamentos se prepararon para reactivar el agro e impulsar el mayor proyecto de siembra y cultivo, con un plan que enfrentaría la amenaza de hambruna que, según proyecciones, afectaría con mayor intensidad a departamentos como Valle y Choluteca. Sin embargo, hoy esa amenaza se ha materializado porque el plan de reactivación agro nunca se implementó. Los fondos que ascendían a 282 millones de lempiras, terminaron en manos de políticos corruptos y se utilizaron para financiar campañas políticas de los partidos Nacional, Liberal y FAPER en las elecciones de 2014. Este sistema de saqueo estatal fue denominado por la MACCIH como caso Pandora.