Tegucigalpa.-En los archivos de la Policía Nacional y Medicina Forense se encuentran más de 4,790 expedientes de muertes que fueron clasificados equivocadamente como indeterminadas entre 2016 y 2023, producto de investigaciones que no avanzaron para establecer la causa real de los fallecimientos.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) asegura haber hecho el hallazgo al revisar, uno por uno, los informes de 5,022 muertes indeterminadas contabilizadas por estos entes en ese periodo, registro al cual ICN Digital tuvo acceso.

La premisa establece que la Policía Nacional y la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público dejaron de hacer pesquisas para esclarecer la causa de muerte en esto casos y les dieron un carpetazo a los archivos, lo que puso fin a la esperanza de esclarecer si esos fallecimientos fueron homicidios, muertes naturales o accidentes.

“Muerte indeterminada significa la muerte por causa externa de intención indeterminada. Este indicador presenta el número de víctimas en las que es imposible establecer, con certeza médica razonable, las circunstancias de la muerte”: Observatorio Interamericano de Seguridad de la Organización de Estados Americanos.

Al encontrar las falla, el Observatorio creó una nueva clasificación denominada muerte por intencionalidad desconocida, dentro de la cual hay tres subcategorías: muertes en estudio, muertes pendientes de investigación y muertes indeterminadas. Y atribuyó a cada organismo de investigación la responsabilidad de resolver el caso.

Determinó que hay 4,109 muertes pendientes de investigación, es decir, en las cuales no se han completado las pesquisas que le corresponden a la Dirección Policial de Investigaciones de la Policía Nacional.

Según la reclasificación del Observatorio, este rango incluye los decesos en los cuales Medicina Forense, tras realizar la autopsia y otras pericias, ha determinado la causa de muerte; sin embargo, no dispone de diligencias adicionales que permitan establecer la manera de muerte.

Ejemplo de un caso de este tipo se registró en Copán, occidente de Honduras, donde un hombre fue encontrado con dos pequeñas estacas en el cuello. A pesar de las graves heridas, caminó varios metros antes de morir.

Aunque la autopsia confirmó que falleció a causa de las lesiones, no especificó cómo fueron infligidas. El hecho, relatadi por un investigador del hecho, que no dio su nombre por seguridad, fue clasificado como muerte indeterminada.

Deuda de Medicina Forense

En el renglón de muertes en estudio, que le corresponde resolver a Medicina Forense, hay 618 casos.( Lea un artículo publicado en España sobre desafíos que enfrenta la patología forense para diagnosticar el origen y la causa de la muerte).

Muerte en estudio se refiere a aquellos fallecimientos cuyo examen forense aún no ha concluido, ya que, tras la realización de una autopsia, se requieren investigaciones adicionales, tales como análisis toxicológicos, estudios histopatológicos ( análisis microscópicos de tejidos) u otras pericias.

En estos casos, de acuerdo con el Observatorio, la investigación continúa abierta hasta que se obtengan los elementos necesarios para emitir un dictamen concluyente.

Indeterminadas reales

La última subcategoría, muertes indeterminadas, sumó 412 casos, el nivel con menos incidencia.

«Una muerte indeterminada se genera cuando, por ejemplo, el estado de putrefacción de un cuerpo es tan elevado o los restos son osamentas que resulta imposible practicarles un examen forense que determine el motivo de la muerte», dijo el investigador.

El análisis muestra, entonces, que solo el 10% de las muertes por intencionalidad desconocida corresponde a indeterminadas y que el restante 90% tiene posibilidades de esclarecerse su causa.

El Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), sitio web donde la Secretaría de Seguridad muesra las incidencias delictivas, registra las muertes indeterminadas, pero sin la segregación que hizo el Observatorio.

Antes de que el Observatorio realizara esta reclasificación, la Mesa de Validación, compuesta por esta entidad de la UNAH, la Policía Nacional y Medicina Forense, se encargaba de validar las cifras oficiales de muertes en Honduras, manteniendo una única categoría para los fallecimientos indeterminados: aquellos que no podían ser esclarecidos.

En 2013, el número de muertes indeterminadas ascendió a 805, y en 2014 se reportaron 643. Sin embargo, con la implementación de la nueva categorización a partir de 2016, la cantidad de muertes indeterminadas cayó drásticamente.

El Boletín Estadístico del Observatorio da cuenta de que en 2016 hubo 143 muertes indeterminadas, lo que representa una reducción del 77.8% en comparación con el año anterior.

La tendencia a la baja fue tan pronunciada que, para 2023, las muertes indeterminadas se redujeron a solo 45 casos.

Bajan homicidios, pero…

A pesar de que los homicidios en Honduras han mostrado una clara tendencia a la baja en los últimos años, las muertes clasificadas como de intencionalidad desconocida no han seguido el mismo patrón.

En 2016, la tasa de homicidios fue de 59.1 por cada 100 mil habitantes, resultado de 5,150 asesinatos registrados.

Para 2023, esa cifra bajó a 3,361 homicidios, lo que representó una tasa de 34.5 por cada 100 mil habitantes, lo que marcó una reducción del 34.7% en el total de homicidios.

Sin embargo, la disminución de las muertes sin resolver fue menos pronunciada. De 725 casos registrados en 2013, pasaron a 602 en 2016, lo que equivale a una reducción del 16.9%.

Esta tendencia hizo que en 2016 hubiera 14 muertes de intencionalidad desconocida por cada 100 homicidios, mientras que en 2023 esa proporción aumentó a 18 por cada 100.

Impunidad en las muertes

La cifra de muertes con expedientes no finalizados refleja, según la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, que a la Policía “no le interesa profundizar en esos hechos”.

Dejar una muerte en estudio o pendiente de investigación es, según Villanueva, “permitir de alguna forma que haya impunidad en la investigación”.

El nivel de impunidad en los crímenes, entre estos los homicidios, es de un 95%, según han admitido autoridades de Seguridad desde hace varios años.

Villanueva, una fuerte crítica del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, en materia del manejo de dato de criminalidad, fue directora de Medicina Forense entre 2013 y 2019.

Durante su gestión asegura que la cobertura de servicios forenses a nivel nacional subió de un 70%, pero luego aumentó debido a que se pusieron en funcionamiento cinco morgues móviles, aunque no precisó en qué porcentaje.

Medicina Forense tiene sedes en San Pedro Sula, Cortés; La Ceiba, Atlántida; Santa Rosa de Copán, Copán; y en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

ICN intentó entrevistar a funcionarios de Medicina Forense y la Dirección Policial de Investigaciones para consultarle por qué el elevado número de muertes sin resolver, pero sus equipos de comunicaciones no respondieron las solicitudes.

En una década (2013-2023), Medicina Forense, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que también depende del MP, y la DPI contaron con unos 7 mil millones de lempiras en presupuesto.

Estas fuerzas cuentan con 2,317 elementos dedicados a diversas tareas investigativas. La mayoría, 1,917 agentes, pertenecen a la DPI, mientras que los 380 restantes, entre estos 32 médicos autpsiantes, están asignados al MP.

Asignaciones presupuestadas para entes de investigación (2013-2023):

• Medicina Forense: L1,777,000,000.00
• ATIC: L1,100,680,485.00
• DPI: L4,142,712,058.00*
• DNIMM: L28,408,746.00**

A juicio del criminólogo Gonzalo Sánchez, la investigación criminal ya no es el talón de Aquiles de la justicia, pues la DPI cuenta con laboratorios criminalísticos de primer nivel y su personal ha sido capacitado constantemente.

«Hoy la Policía de Investigación tiene lo que toda policía científica debe tener», añadió.

Sin embargo, reconoció que no todas las investigaciones se resuelven de manera rápida debido a la complejidad de los casos. «Hay casos que pueden durar una hora, un día, o incluso años», admitió.

Falta de coordinación

Pero el abogado penalista, Kenneth Madrid, destacó que uno de los principales problemas radica en la ausencia de una relación efectiva entre fiscales e investigadores.

«El fiscal solo le manda las diligencias al investigador, y el investigador hace lo que puede por su cuenta», señaló.

Esto, según Madrid, impide que las investigaciones sean dirigidas técnicamente de manera adecuada, lo que retrasa o entorpece los procesos de esclarecimiento de las muertes.

En muchos casos, el equipo que realiza el levantamiento de la escena del crimen no es el mismo que lleva a cabo la investigación posterior, lo que genera desconexiones en el proceso. «Es muy difícil que de esta manera logren resolver un homicidio», afirmó Madrid.

Explicó que, en países como Estados Unidos o Guatemala, existen modelos en los que un mismo equipo se encarga de la escena del crimen y la investigación durante las primeras 72 horas, lo que ha demostrado ser efectivo.

Pero «aquí se trabaja aisladamente», lo que hace que las investigaciones se extiendan por mucho tiempo, remarcó.

Y sentenció que “el tiempo que transcurre, es la verdad que huye”, una frase que se le atribuye famoso criminalista Eugène-François Vidocq, para remarcar que una investigación de una muerte que tarda en resolverse está destinada permancer archivada.

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