«Están llegando, vienen todos de Chiapas, refugiándose acá«, declara Juan Francisco Méndez, concejal de Cuilco, en la frontera de Guatemala con México. En un vídeo, Méndez muestra a hombres, mujeres y niños llegando a su comunidad, reflejando el nivel de violencia en esa zona de México.

«Les vamos a dar alojamiento. Esperamos que nos ayuden con alimentación o alguna institución que pueda proporcionar víveres, por favor», solicita Méndez. Este desplazamiento forzado responde a los enfrentamientos entre carteles del narcotráfico en Chiapas. Belinda Bravo, una desplazada mexicana, describe la situación en Amatenango de la Frontera: «Nos metimos debajo de la cama, tirados al piso. Y empezaron a disparar. Las balas pasaban arriba de nosotros. Cuando se tranquilizó, nos salimos sin traer ni ropa ni chanclas».

El académico Víctor Sánchez explica que la violencia ha llevado a más de 10,000 personas a sufrir un desplazamiento forzado interno en Chiapas, desbordándose hacia Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó que fuerzas de seguridad están apoyando en tareas humanitarias y de resguardo. «Ya estamos presentes y colaborando para atender a los refugiados», afirmó Arévalo.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció los enfrentamientos entre dos grupos en Frontera Comalapa, lo que ha forzado a las familias a refugiarse en Guatemala. La Cancillería mexicana indicó que brinda protección inmediata a mujeres, niños y adultos mayores y se mantiene atenta a la situación.

El número de desplazados varía según los reportes. El Ministerio de Defensa guatemalteco reportó inicialmente 180 desplazados, luego la gobernación de Huehuetenango indicó 300. Méndez asegura que han llegado al menos 35 familias que suman unas 800 personas. El presidente mexicano estima entre 300 y 500 desplazados.

«La violencia ha escalado desde 2021«, comenta Sánchez, y los bloqueos carreteros por organizaciones criminales impidieron a los pobladores huir a otra parte de Chiapas. Su única opción fue cruzar el río hacia Guatemala. El presidente López Obrador, aunque reconoció la violencia, considera que se debe a «circunstancias» del momento. La Cancillería mexicana sigue monitoreando la situación para atender las necesidades de los connacionales.

La gobernadora de Huehuetenango, Elsa Hernández, lamenta que las autoridades mexicanas no estén protegiendo a sus ciudadanos.