Con varias carreteras bloqueadas, Bolivia está semiparalizada por las protestas de campesinos que desde hace nueve días piden «el cese de la persecución judicial» contra su líder, Evo Morales, investigado por presunto abuso de una menor cuando era presidente.

Los cierres viales incomunican Cochabamba con La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Santa Cruz. En La Paz, la capital y sede de gobierno, la protesta ha elevado los precios de la canasta básica y se forman largas filas en torno a las gasolineras.

Este miércoles, choferes de transporte público interrumpieron el tránsito en decenas de rutas de la ciudad para reclamar por la escasez de combustibles.

«Ya no podemos trabajar (…). Algunos han dormido en la fila toda la noche», dijo Juan Mamani, chofer de bus de 53 años.

El gobierno del presidente Luis Arce culpa a los partidarios de Morales de impedir la distribución. Cientos de camiones cisternas están varados en las carreteras tomadas por los manifestantes.

El silencio de la fiscalía sobre la «aprehensión» que anunció contra Morales, investigado por «estupro, trata y tráfico de personas», aprieta aún más el nudo que inmoviliza a Bolivia.

Enfrentados por la candidatura presidencial de la izquierda oficialista para las elecciones de 2025, Morales acusa a su exministro Arce de intentar «proscribirlo» con la apertura de investigaciones penales.

Aunque las protestas comenzaron con la intención de evitar la posible captura del líder aimara, ahora exigen que Arce encuentre una salida a la crisis derivada de la falta de dólares y combustibles.

– Diálogo en punto muerto –

«La cultura política de Bolivia en general es demasiado caudillista (…). Todo eso hace que este sea un escenario donde concertar, dialogar, pactar, es casi imposible», explica Daniel Valverde, profesor de ciencia política de la universidad René Moreno.

Los colectivos próximos al líder cocalero enviaron una carta a Arce para exigir, además del «cese de la persecución judicial» del líder aimara, su reconocimiento como candidato oficialista y la derogación de un paquete de normas.

«No vamos a ceder ante quienes quieren incendiar el país para protegerse de acusaciones personales ante las cuales deben dar la cara», respondió Arce.

Los bloqueos pasaron de cuatro a 21 puntos desde el inicio de las protestas.

Hasta ahora se reportaron enfrentamientos en Parotani, Pojo, Epizana y Caracollo, en Cochabamba. En Puente Ichilo, en Santa Cruz, unos 700 policías desbloquearon el martes la vía con gases lacrimógenos.

– Expediente sin novedad –

El detonante de los bloqueos fue el anuncio de la fiscal Sandra Gutiérrez de que preparaba una orden de aprehensión contra Morales por el presunto abuso a una menor con quien tuvo una hija. Pero luego no volvió a pronunciarse sobre la investigación.

El exmandatario asegura que se trata de «otra mentira más», pues el mismo caso se investigó y archivó en 2020.

Sus partidarios exigen a Arce que detenga la investigación en su contra, a pesar de que está en manos de una fiscal supuestamente independiente.

«Hay demasiados indicios de que las instituciones, y en este caso el Ministerio Público, deben estar en una pulseada interna, tratando de medir. Porque de salir una orden de aprehensión, hay que reconocer que al gobierno se le pone cuesta arriba el panorama» con respecto a las movilizaciones, opina Valverde.

– Economía estancada –

Mientras los campesinos protestan también por la difícil situación que atraviesa el país, los bloqueos llevan al límite la crisis económica.

Las pérdidas económicas por los bloqueos, que empezaron el 14 de octubre, alcanzan al menos los 81 millones de dólares, según informó el Ministerio de Economía a la AFP.

Los dos principales polos económicos de Bolivia, La Paz y Santa Cruz, están separados por Cochabamba, la tercera región en producción que sirve de zona de paso.

«Cuando se interrumpe esta carretera se corta la conexión entre los centros más dinámicos del país y eso tiene un impacto fuerte en la economía», advierte José Luis Evia, exmiembro del directorio del Banco Central de Bolivia.

El contexto económico no es el más favorable: el país registró en septiembre una inflación interanual del 6,2%, la más alta desde julio de 2014.