La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha denunciado serias irregularidades en la firma del contrato con Brassavola, una empresa que no ha operado en 16 años y que ahora se incluye en la renegociación de contratos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Brassavola no cumple con la finalidad de la ley, según la diputada Maribel Espinoza del PSH.

Espinoza explica que «venimos de un largo período en donde los politiqueros han abusado del derecho para legalizar la corrupción.» Critica que se abuse del concepto de emergencia, ya que, según la ley, solo se puede realizar contratación directa en situaciones de emergencia auténticas. Sin embargo, se ha utilizado un acuerdo ejecutivo para declarar una emergencia y así evadir las disposiciones legales.

«No se pueden modificar condiciones del contrato fijadas por términos de referencia,» afirma Espinoza. La modificación del contrato de Brassavola cambia el lugar de suministro y el producto con el que se generará el servicio, sin cumplir con los términos de referencia establecidos por la ley de contratación del estado. Espinoza subraya que «los contratos pueden renovarse solo si están en ejecución, y ese no es el caso de Brassavola.» Un informe del Tribunal Superior de Cuentas de 2022 indica que no existían condiciones para la puesta en marcha del contrato, lo que llevó al gobierno a activar un contrato nacido de la corrupción.

Por otro lado, el diputado Marco Midence del Partido Nacional advierte sobre el costo del hurto de energía. «Un millón de lempiras por hora y un millón de dólares al día,» dice. «Nos están asfixiando, algunos estamos pagando subsidios y la falta de planificación nos tiene sumidos en apagones.» Midence critica que los precios de la energía solar han bajado significativamente, pero «los números de ahorro están maquillados.»

«Honduras paga 12 centavos por kWh, mientras Costa Rica paga 6,» y añade que «la ENEE va a perder 22 mil millones de lempiras.» Según Midence, licitar es mejor que renegociar porque «la verdadera rebaja de energía iba a caer a 12 centavos con o sin negociaciones.»

Keneth Rodríguez, especialista en energía de ASJ, advirtió que los contratos no representan una reducción significativa. «La reducción de los costos es de un centavo, no de 12 como han difundido las autoridades,» señaló.

Rodríguez también mencionó que varias instituciones del Estado han declarado confidencial el proceso de renegociación, lo que añade más sospechas. El informe de ASJ revela que la opción más viable era una licitación, no una renegociación, que además podría indexar beneficios comprometiendo al Estado por demasiado tiempo