Tegucigalpa – Ana María Calderón, exvocera de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), señaló ha señalado que el proyecto de ley presentado para la creación de una comisión internacional es jurídicamente inviable.

Calderón, refiriéndose a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), aclaró que para establecer esta comisión hya que firmar un convenio o tratado entre el Gobierno de Honduras y una entidad internacional, en este caso, la ONU.

Posteriormente, el tratado debe aprobarse por el Congreso Nacional, dado que no se trata de un acuerdo entre instituciones nacionales, sino de una cooperación técnica internacional. «Esto debe suceder antes de cualquier otra norma», enfatizó Calderón.

La exvocera expresó su sorpresa al ver que en el Congreso se discutía la posibilidad de otorgar carácter constitucional a la CICIH.

Al revisar el proyecto de ley, notó que se intentaba conferir a la CICIH una personería jurídica con carácter de querellante autónomo, aunque esta comisión aún no ha sido establecida. «Primero debe existir la comisión, y luego se le pueden otorgar las facultades correspondientes», explicó Calderón.

Calderón identificó dos aspectos preocupantes en el proyecto de ley. Primero, la intención de conceder la figura de querellante autónomo a una comisión que aún no existe. Segundo, la designación del Fiscal General como responsable de acreditar la personería jurídica de cada miembro de la CICIH a través de su máxima autoridad. «Esto constituye otra contradicción», afirmó Calderón.

Finalmente, Calderón subrayó la importancia de considerar estos aspectos al evaluar lo ocurrido en el Congreso, calificando el proyecto de ley como un «imposible jurídico» en términos legales.