El Comité de Bienes Comunes de Tocoa, Colón, solicitó que el Ministerio Público no participe en la investigación del asesinato del ambientalista Juan López. Según Eddy Tabora, abogado del comité y defensor de derechos humanos, la participación de actores locales pone en riesgo la vida de los implicados y los testigos. Tabora recordó que en casos anteriores, como el de la ambientalista Berta Cáceres, se investigó la manipulación de la escena del crimen por parte de agentes que intentaron borrar las pruebas que vincularían a los autores intelectuales.

El comité también expresó su preocupación por la posible influencia del poder político, empresarial y del narcotráfico en el proceso y por ello, exigió la intervención de organismos internacionales. Asimismo, exigieron que, de una vez por todas, se haga justicia para las víctimas de la lucha ambiental en la región, mencionando el caso de Carlos Escalera, asesinado en 1997 en Tocoa, cuyo crimen aún permanece impune.

Los defensores ambientales sostienen que sin la cancelación de proyectos extractivos y la liberación de la montaña, no habrá justicia real en la zona. Además, advirtieron sobre el riesgo que corren los testigos del caso y solicitaron protección para evitar que caigan en manos de mafias locales. “No buscamos controversia, solo protección”, afirmaron los ambientalistas.

En Honduras, la violencia contra los defensores del medio ambiente continúa en un contexto de impunidad. Global Witness reportó que, hasta 2023, se registraron 150 asesinatos de ambientalistas desde 2012, con 18 muertes en 2023, superado solo por Brasil en la región. Mientras tanto, el Ministerio Público informó que dos fiscales más se sumaron a la investigación y que la policía ya tiene identificado a uno de los responsables materiales del crimen.