Tegucigalpa. Una actualización del anteproyecto de la Ley de Agricultura Familiar es realizada con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con el objetivo de fortalecer un sector que aporta el 56 % de los alimentos que consumen las y los hondureños y genera el 75 % del empleo rural en el país.

El anteproyecto fue elaborado originalmente entre 2018 y 2019 mediante un proceso participativo con el Comité Nacional de Agricultura Familiar (CNAF). A solicitud de la SAG, la FAO trabaja en la revisión y armonización del documento con la legislación vigente, con el propósito de contar con un texto fortalecido que pueda ser presentado al Congreso Nacional de la República.

La Política de Estado del Sector Agroalimentario de Honduras (2023–2043) indica que más de medio millón de familias practican la agricultura familiar para su propio sustento. El potencial del sector, sin embargo, va desde proveer alimentos frescos para complementar la alimentación escolar hasta abastecer los canales de comercialización del Estado a nivel nacional, garantizando el acceso a alimentos sanos y nutritivos.

La ausencia de una ley específica sobre agricultura familiar ha limitado la continuidad y el financiamiento del sector, así como la definición de una rectoría clara y de un mecanismo de coordinación intersectorial que permita mayor efectividad de los programas y la garantía de derechos de las familias agricultoras.

La ministra de la SAG, Laura Suazo, destacó que la actualización del anteproyecto incorpora aspectos que no habían sido abordados anteriormente y que permiten reconocer y revalorar el rol de la agricultura familiar en la provisión de alimentos, la generación de economías locales rurales, la autoempleabilidad en el campo y el rescate de la cultura alimentaria de cada región.

Este día se realizó la socialización del borrador actualizado del anteproyecto, con la participación de organizaciones miembros del CNAF, entre ellas el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), el Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH), la Federación de Cooperativas Agropecuarias y Empresas Asociativas Campesinas de la Reforma Agraria de Honduras, Limitada (FECORAH), la Asociación Campesina Nacional (ACAN), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE). También participaron el IICA, el PMA, FUNDER, RiKolto, así como el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE).

El acompañamiento técnico de la FAO es liderado por la representante residente en Honduras, Fátima Espinal; Magdalena Abarca, consultora y jurista internacional del Servicio de Derecho para el Desarrollo (LEGN) de la FAO en Chile; y Reina Rivera, abogada especialista en derecho y consultora de la FAO en Honduras.

Espinal explicó que la actualización responde a cambios que no estaban contemplados en 2019, como la pandemia del COVID-19, la crisis de fertilizantes y el impacto de fenómenos climáticos como Eta e Iota, que han afectado los sistemas agroalimentarios.

Por su parte, Magdalena Abarca subrayó que fortalecer el marco normativo de la agricultura familiar contribuye a garantizar el derecho a la alimentación, mejorar la seguridad alimentaria, fortalecer la resiliencia y promover circuitos de comercialización con menor impacto ambiental.

Reina Rivera señaló que el anteproyecto actualizado define con mayor claridad a los agricultores familiares, incorpora la figura de la Unidad Agrícola Familiar para la adjudicación de tierras y adopta enfoques de género, juventud y pueblos indígenas y originarios. Además, establece un rol rector de la SAG y la obligación de actualizar cada decenio la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, vigente desde 2017, con mecanismos de rendición de cuentas orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias del sector.