Sala de lo Constitucional reactiva caso "Caja chica del hermano".
Sala de lo Constitucional reactiva caso "Caja chica del hermano". Fotografía: Cortesía

A los implicados se les acusa por los delitos de Fraude y Malversación de Caudales Públicos por el desvío de 13 millones 728 mil lempiras mediante la emisión fraudulenta de 125 cheques desde una cuenta a nombre de Casa Presidencial según el titular de la UFERCO.

Sala de lo Constitucional reactiva caso "Caja chica del hermano".

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reactivó el caso denominado la “Caja Chica del Hermano” en el cual se acusa al exministro en administración Financiera Presidencial Wilfredo Francisco Cerrato Durón y Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Esto luego de declarar con lugar la acción de amparo interpuesta por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), relacionada con la línea de investigación presentada por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el 2018.

A los implicados se les acusa por los delitos de Fraude y Malversación de Caudales Públicos por el desvío de 13 millones 728 mil lempiras mediante la emisión fraudulenta de 125 cheques desde una cuenta a nombre de Casa Presidencial informó el titular de la UFERCO, Luis Javier Santos.

Investigación MACCIH

Según la investigación presentada por la MACCIH el 5 de noviembre de 2018, Cerrato y Lobo Sosa aparentemente se confabularon para extraer de una cuenta a nombre de Casa Presidencial unos 8 millones 400 mil lempiras.

La cuenta estaba asignada a cubrir gastos de seguridad para funcionarios del Estado y tenía un monto inicial de 40 millones de lempiras.

El vocero de la Misión en aquel momento, Luiz Antonio Guimarães, explicó que Cerrato emitía cheques con los que supuestamente se pagaba la seguridad de Lobo Sosa, quien en ese entonces tenía asignados 11 elementos militares para su resguardo.

Sin embargo, estos fondos presuntamente se acreditaban a cuentas personales de Lobo Sosa ya que el pago de los militares era responsabilidad del Estado Mayor Conjunto, según la investigación.

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