La coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, Betina Hernández, destacó la importancia que representa para las personas que no escuchan, los intérpretes de la lengua de signos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) abogó este domingo por el apoyo estatal a favor de unas 100.000 personas que sufren de discapacidad auditiva en el país centroamericano, de las cuales solo 1.044 (el 1 %) tienen su carné de identificación.

En un comunicado, el Conadeh hizo un llamamiento a las autoridades del país para que «asuman su responsabilidad de atender a este grupo poblacional, caracterizado por la insuficiencia de recursos y tecnologías de apoyo, ausencia de accesibilidad universal y falto de respuestas adecuadas a sus necesidades».

La coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, Betina Hernández, destacó la importancia que representa para las personas que no escuchan, los intérpretes de la lengua de signos.

Hernández también se refirió a la importancia que tiene que las organizaciones de personas sordas cuenten con el apoyo del Estado para tener un intérprete a disposición, ya que constantemente lo requieren pero muchas veces no disponen de los fondos necesarios para su contratación, lo que se constituye en una barrera más en su contra.

Además, Hernández le solicitó a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que en 2024 reabran la carrera para formar intérpretes.

El Conadeh recordó que el 22 de junio de 2022 se creó la Asociación de Intérpretes de la Lengua de Señas Hondureña, con 19 miembros, pero aún no cuentan con el reconocimiento legal por parte de la Secretaria de Gobernación, lo que les impide afiliarse a la Federación Mundial de Intérpretes.

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, instó al Estado hondureño a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas sordas que les permita su inclusión y puedan superar, principalmente, las barreras de comunicación.

Según el Conadeh, más de un millón de hondureños que presentan algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial, de los casi diez millones de habitantes que tiene su país, se ven afectados por deficiencias en la infraestructura pública, dificultades para acceder a un puesto de trabajo, maltrato en el servicio del transporte público, poca accesibilidad a la información y discriminación.

«El maltrato, así como la discriminación que sufren desde su niñez, con oportunidades educativas restringidas, carencia de servicios de salud para su rehabilitación, falta de oportunidades laborales, inmovilidad y encierro obligatorio, vulnera los derechos humanos de esta población, que representa al menos un 15 % de los 9,6 millones de hondureños», afirmó el Conadeh.

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