El decreto 4-2022 relacionado a la Amnistía Política aprobada por la actual administración, absuelve de delitos penales a exfuncionarios del Gobierno «Mel» Zelaya.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó los recursos de inconstitucionalidad que presentó la exjueza Karla Romero, sobre decreto 04-2022 conocido como Ley de Amnistía aprobada por el actual Congreso Nacional (CN).

En la fundamentación se arguye que la desestimación de los recursos es por falta de legitimidad de la abogada recurrente.

“La Sala Constitucional ha declarado sin lugar dos recursos de inconstitucionalidad no por la forma, contenido o el fondo, se declaró sin lugar por falta de legitimación de la funcionaria judicial en vista que ella (Karla Romero) forma parte de un órgano colegiado del Poder Judicial”, declaró en su momento el magistrado Fernando Padilla.

Romero juramentó a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya el día de la toma de posesión, sin embargo, en fue separada de su cargo en este mes de agosto, lo que ella atribuyó a una “persecución política”

La exjueza dijo que su destitución como jueza de sentencia no está firme porque hay diligencias pendientes en el Poder Judicial.

Cabe señalar que existen otros recursos interpuestos contra el mismo decreto que la Sala de lo Constitucional no ha resuelto hasta la fecha, aunque se prevé que el destino podría ser el mismo de los dos que interpuso Romero Dávila.

Pacto de impunidad

El decreto 4-2022 relacionado a la Amnistía Política aprobada por la actual administración, absuelve de delitos penales a exfuncionarios del Gobierno de Manuel «Mel» Zelaya (2006-2009) por presunta persecución política.

Enrique Flores Lanza y Marcelo Chimirri están entre los personajes “beneficiados” con este que es considerado como el pacto de impunidad 2.0.

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