L1,425 millones gastó la SECAPPH en una “refundación cultural” sin los resultados prometidos
TEGUCIGALPA.- El gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, prometió en su “Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026” la “restitución de la institucionalidad cultural a rango prioritario” y la creación de un sistema moderno de arte, cultura y patrimonio que devolviera al Estado su papel rector.
Cuatro años después, y pese a haber manejado un presupuesto histórico de 1,425 millones de lempiras, la realidad muestra que gran parte de esas metas quedaron sin cumplir o en ejecución parcial.
El Plan de Gobierno planteaba restablecer una Secretaría de Estado fuerte, con institutos especializados, descentralización de la gestión y fortalecimiento de las Casas de la Cultura, bibliotecas municipales, museos y centros artísticos.
En la práctica, no se restituyó ninguna nueva institucionalidad cultural.
No se creó el Instituto Hondureño de las Artes ni el Instituto de Educación Artística prometido.
Tampoco se restauró con autonomía el Instituto Hondureño del Libro y el Documento, que debía manejar la Editorial del Estado, la Biblioteca Nacional y la Red de Archivos Históricos.
Los datos obtenidos por ICN Investiga fueron conversados ampliamente con la ministra de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), Annarella Vélez, quien reconoció deudas con relación al “Plan de Gobierno para Refundar Honduras” por motivos estrictamente presupuestarios.
Avances sin leyes
Donde sí hubo avances concretos, según la ministra, fue en la creación del sello editorial “Eva Thais”, un proyecto que sustituyó parcialmente la desaparecida Editorial Cultural del Estado.
La funcionaria confirmó que la nueva imprenta y maquinaria fueron adquiridas con fondos nacionales por más de 50 millones de lempiras, y que el sello ya cuenta con 50 títulos publicados y disponibles en formato digital.
También mencionó la impresión de materiales con enfoque patrimonial y en lenguas originarias —garífuna, pech y tolupán— como parte de una política de rescate cultural.
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El plan también ordenaba fortalecer el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y garantizar la protección de los sitios patrimoniales.
En este punto, la ministra admitió que el instituto mantiene una supervisión estricta de obras en zonas arqueológicas, especialmente en Copán, donde se exige autorización previa antes de iniciar cualquier construcción.
Sin embargo, no informó sobre inversiones concretas ni medidas de recuperación de la propiedad estatal de los suelos arqueológicos, como ordenaba el programa de gobierno.
Uno de los compromisos centrales del plan era aprobar una Ley de Cultura y Artes, una Ley de Archivos y Bibliotecas y una nueva Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.
Sobre ello, la ministra aseguró que ya existe una propuesta de Ley de Cultura y Artes enviada a la Secretaría de la Presidencia, pero que no ha llegado aún al Congreso Nacional. Se trata de la octava propuesta de ley en la historia del país, sin resultados hasta el momento.
Los otros dos instrumentos normativos —patrimonio y archivos— no tienen avances ni respuestas oficiales.
La Secretaría también se comprometía a fortalecer las bibliotecas municipales y ampliar el acceso a la lectura pública. Según la ministra, el número de bibliotecas públicas pasó de 15 a 104 durante la actual administración, aunque sin detallar los mecanismos de financiamiento.
Reconoció que varias operan con personal pagado por la Secretaría, lo que implica un gasto sostenido, pero defendió que se trata de una inversión social, pues las bibliotecas también sirven como espacios de talleres para la niñez.
Gremios olvidados
El plan de gobierno también hablaba de fomentar la seguridad social y el sustento digno para el gremio artístico, promesa que tampoco se ha materializado.
La ministra reconoció que no existe aún un mecanismo de seguridad social para artistas, aunque la nueva propuesta de ley lo contempla. Mencionó casos de artistas fallecidos sin cobertura médica ni jubilación y aseguró que se han otorgado ayudas parciales a algunos de ellos para la compra de medicamentos.
Sobre la transversalización de la cultura en sectores como educación, turismo o relaciones exteriores, se ha promovido la educación intercultural bilingüe mediante convenios con la Secretaría de Educación, integrando talleres de música, danza folclórica y clásica, coros y otras artes.
Además, se ha incentivado la escritura en lenguas originarias con premios de escritura y se han ofrecido talleres y publicaciones en garífuna, pech y tolupán.
En barrios y colonias, la Secretaría ha llevado proyectos culturales como “Cuéntame tu historia”, impartiendo talleres de música, pintura y danza a niños y niñas, y facilitando materiales para la elaboración de atuendos tradicionales.
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También se impartieron talleres de recuperación de instrumentos musicales tradicionales, como tambores carífulos, y sobre técnicas de pesca tradicional, promoviendo la conservación ambiental.
Sobre la creación o funcionamiento de Consejos Regionales de Cultura y Artes, propuestos como ejes de descentralización y participación comunitaria, actualmente funcionan 54 Casas de la Cultura en el país, distribuidas en el litoral atlántico, sur, centro y occidente. De estas, 26 pertenecen a municipalidades y el resto a la Secretaría de Cultura. Cada casa cuenta con gestores culturales coordinados por un gestor regional.
En algunos casos, los espacios ocupan edificios del Estado, como la antigua aduana en La Ceiba y el antiguo palacio de telecomunicaciones en Tegucigalpa, que actualmente se transforma en la primera Casa de la Cultura de la capital.
Sobre infraestructura y servicios, la ministra destacó que en la mayor parte de las Casas de la Cultura se ofrece internet gratuito y que varias bibliotecas públicas han sido equipadas con computadoras para acceso libre de la ciudadanía.
Señaló la biblioteca Juan Ramón Molina como la más importante y el Centro Integral Isys Obed en la colonia Mary ce Flores como modelo ideal de casa de la cultura, con un acervo digitalizado accesible al público.
El mayor logro, según la ministra, ha sido “dejar una institución sólida puesta al servicio del sector cultural, de las artes y de los patrimonios, concediendo el arte y la cultura como un derecho humano de acceso gratuito”.
Se destacó la creación y fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta de la Victoria, con músicos estables, conciertos en todo el país y desmembramiento en quintetos, cuartetos y orquestas de cámara. También se fortaleció la Banda de los Supremos Poderes, fundada en 1896, como patrimonio cultural.
Pese al presupuesto más alto en la historia del sector, los avances se concentran en iniciativas aisladas: una editorial en marcha, la expansión de bibliotecas y algunos programas de rescate lingüístico. Pero el país sigue sin ley de cultura, sin instituto de artes, sin seguridad social para creadores y sin autonomía efectiva para la gestión patrimonial.
El discurso de refundación cultural prometía una transformación institucional profunda; los hechos, cuatro años después, exhiben una gestión más de reconstrucción parcial que de refundación, con proyectos valiosos pero aún muy lejos de las promesas con las que comenzó el gobierno.