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Según el informe anual de Human Rights Watch (HRW) publicado este jueves, el deterioro democrático en América Latina fue «rampante» en 2024. La organización alerta que el autoritarismo, la corrupción, la pérdida de independencia judicial y el crecimiento del crimen organizado han avanzado de manera alarmante en la región.

HRW destaca la «reticencia cobarde» de muchos gobiernos para defender a los más vulnerables, lo que ha contribuido a la erosión de las normas internacionales. La organización también subraya que, lejos de mejorar, la situación de derechos humanos empeoró, especialmente en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, México y Colombia, entre otros.

Elecciones Venezuela

El informe señala que en Venezuela, la toma de posesión de Nicolás Maduro en enero, a pesar de las evidencias de fraude en las elecciones de julio, consolidó aún más el autoritarismo en el país. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha intensificado el uso del exilio forzoso y la revocación de la ciudadanía como métodos de persecución política, cerrando miles de ONG y medios de comunicación, mientras que más de 260 periodistas han huido del país.

Por otro lado, en México, la violencia extrema del crimen organizado se ve acompañada por el abuso generalizado de los agentes estatales, quienes operan con casi total impunidad. HRW advierte que los recientes cambios constitucionales que refuerzan el papel del ejército en funciones policiales y revisan el sistema de justicia podrían perpetuar los abusos y socavar aún más el Estado de derecho.

Criticas gobieno de Perú

En Perú, el gobierno de Dina Boluarte ha sido criticado por su falta de acción frente a los ataques del Congreso, que ha aprobado leyes que socavan la independencia judicial y debilitan las instituciones democráticas. Mientras tanto, en Argentina, el primer año del gobierno de Javier Milei ha estado marcado por obstáculos a la libertad de expresión, con un discurso hostil hacia periodistas y la comunidad LGBTI.

A nivel regional, el informe de HRW subraya que el crimen organizado ha ganado mayor sofisticación e internalización, y las respuestas gubernamentales han sido «ineficaces».

En países como El Salvador y Ecuador, las políticas de mano dura han intensificado la represión, con abusos de derechos humanos, como torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. La organización destaca la necesidad urgente de una reforma estructural en la administración de justicia para abordar estos desafíos a largo plazo.