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Tegucigalpa: Los abogados Leonel Núñez y Fernando González presentaron este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto PCM 03-2025, que extiende el estado de excepción en Honduras. La acción fue formalizada en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Fernando González argumentó que el PCM 03-2025 viola el artículo 93 de la Constitución de la República, afectando el derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia. “Por más de dos años no se han permitido las cauciones pertinentes, lo que vulnera los derechos de quienes son procesados bajo el Código Penal”, declaró González.

Leonel Núñez denunció que las actuaciones de las autoridades de seguridad no están apegadas al marco legal y destacó que ninguna de las extensiones del estado de excepción ha sido aprobada por el Congreso Nacional, como lo exige la normativa vigente. Además, enfatizó que el decreto impide a las personas procesadas defenderse en libertad mediante el uso de fianzas.

El estado de excepción y su impacto en la seguridad nacional

El gobierno de Honduras, liderado por la presidenta Xiomara Castro, extendió el estado de excepción parcial hasta el 19 de febrero de 2025. Según la Secretaría de Seguridad, la medida busca intensificar la lucha contra el crimen común y organizado en 226 municipios del país.

Desde su implementación en diciembre de 2022, las autoridades reportan más de 43,000 allanamientos, la detención de 4,774 personas por extorsión y delitos conexos, y el desmantelamiento de 1,000 bandas criminales. Gracias a estas acciones, Honduras cerró 2024 con una tasa de homicidios de 26.8 por cada 100,000 habitantes, la más baja en dos décadas.

Controversias

Pese a los resultados positivos, grupos de abogados y defensores de derechos humanos cuestionan la legalidad de estas medidas. Señalan que el estado de excepción afecta garantías fundamentales como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, generando un debate sobre el balance entre seguridad y respeto a los derechos constitucionales.