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La captura y judicialización del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez y otros altos mandos militares de la institución armada, ha reactivado un intenso debate en Honduras, tocando las fibras más sensibles de nuestra historia reciente. Vásquez, figura central del golpe de Estado de 2009, enfrenta cargos relacionados con el asesinato del joven Isis Obed Murillo, ocurrido el 5 de julio de 2009 en una protesta, cuando se frustró el intento del expresidente Manuel Zelaya Rosales de aterrizar en el aeropuerto internacional de Toncontín, en Tegucigalpa. El gobierno de Honduras, encabezado por Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente Zelaya, ha enfatizado que estos arrestos representan un paso importante hacia la justicia. “La justicia, aunque tarde, siempre llega,” dijo, en un evento público. Milton Benítez, asesor presidencial en tema de comunicaciones, resume de forma contundente el sentir de la administración Castro. En un post de su cuenta de X, Benites escribió: “¡Golpistas Asesinos! El tiempo les despojó de absurdos e ilegítimos blindajes. La historia no absuelve asesinos y traidores.”

Mientras tanto, sectores de la oposición política y militares en retiro han criticado lo que consideran una politización de la justicia. Las Fuerzas Armadas han intentado distanciarse de los acusados, refiriéndolos como “exmiembros,” un término que ha provocado indignación entre oficiales retirados, quienes reivindican su condición de miembros de la reserva militar. La oposición se limita a señalar la ejecución de un supuesto plan Venezuela para mantenerse en el poder.

La captura del general Romeo Vásquez, ocurrida el pasado domingo, no solo busca responsabilizar a individuos por los hechos ocurridos hace más de quince años, sino también enviar un mensaje a la base radical del Partido Libre. Este juicio es una demanda histórica de los fundadores del partido, simboliza la culminación de un sueño gestado durante los intensos meses de protesta contra el régimen de facto.

Durante los últimos meses, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro había sufrido profundas crisis que fueron desgastado su base social. Desde la publicación el pasado septiembre del narco video de Carlos Zelaya, con un cónclave de narcotraficantes, solicitándoles apoyo económico para la campaña de Libre de 2013; la denuncia del tratado de extradición que fue vista como un esfuerzo por proteger a su familia; hasta la aparición en la lista Engels de Marlina Dubón, magistrada de la sala constitucional y la abogada Pamela Blanco, esposa del ministro de Gobernación, ambas cercanas aliadas de la pareja presidencial, el apoyo de Libre iba en picada. Luego el 1 de enero la presidenta Castro retomó el control de la narrativa, al declarar que, de concretarse las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump para este 2025, su gobierno evaluaría el tratado de colaboración militar que dio origen a la base de Palmerola, establecida en Comayagua en 1981.

La amenaza de retirar las bases militares norteamericanas sorprendió a muchos, parecía desconectada de las preocupaciones inmediatas de la población. Pero obviamos que estas mismas declaraciones lograron captar la atención de ese sector de la izquierda que Libre busca reconquistar. Con la captura del general Romeo Vásquez, la atención que captaron con el tema de la base gringa se tornó en interés. 

Surge ahora la necesidad de enviar un tercer mensaje. Para que este tenga la fuerza que necesita la administración, el mensaje debe ser con un personaje emblemático, una figura que capte el odio de la base radical del partido, que represente la justicia histórica y que a su vez no implique la posibilidad de una movilización social muy fuerte en su contra. ¿Quién podría cubrir ese rol? Acá vuelve del panteón de la política la figura de Roberto Micheletti Bain, expresidente de facto y otro símbolo clave del golpe de 2009. 

Asumo que de ser esta la estrategia que juega el gobierno, se procesaría a Micheletti por actos de corrupción (reales o fabricados). No sería muy difícil hacerlo, cuentan con todo el aparato de persecución criminal. El diálogo Guaymuras, el acuerdo Cartagena y la amnistía no cubre casos de corrupción de los actores involucrados al golpe de Estado. Solo lo cubría una especie de pacto de caballeros que ha sido roto con la captura de Vázquez Velázquez. La derecha ya ha mostrado las estrategias que utilizaría frente a esta eventualidad. Como en el caso de los generales, se centrarían en denunciar una persecución política, la ejecución de un “plan Venezuela” y se esforzarían por deslegitimar al gobierno. Pero eso poco efecto tendrá. Micheletti ya no cuenta con el respaldo político que tuvo hace 15 años.

En el plano internacional, apuntar a Micheletti podría generar eco entre los aliados de izquierda en América Latina, que hoy sufren una crisis existencial frente a los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela. Esa izquierda continental necesita de banderas que les agrupe, un juicio contra el interino podría ser interpretado como un avance contra los golpes de Estado y la impunidad en la región, una señal clara de lo que esperaría a aquellos que atentaran contra los gobiernos progresistas.

En un escenario donde la justicia se entrelaza con la política, el gobierno de Libre apuesta por revivir los fantasmas del golpe de 2009, no solo para ajustar cuentas del pasado, sino para asegurar su futuro político movilizando a su base y apoyo internacional, en busca de dirección y propósito.