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El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó este martes la llegada de cinco nuevos vehículos tácticos blindados de uso militar y policial al país. Estos vehículos, conocidos como Karnaf, tienen como objetivo mejorar las capacidades de respuesta y vigilancia ante situaciones de riesgo.

Los Karnaf son similares al Black Mamba, pero más compactos y con la capacidad de transportar hasta cinco funcionarios, en comparación con los diez que puede trasladar el Black Mamba. Además, estos vehículos cuentan con características mejoradas, como maniobrabilidad, velocidad y capacidad de intervención inmediata, lo que los hace más adecuados para una respuesta rápida y eficiente en diversas situaciones de seguridad.

El ministro también destacó que los Karnaf estarán equipados con torretas móviles y puntos de comando, que serán desplegados a nivel nacional para fortalecer la vigilancia y el control, especialmente durante eventos públicos con grandes multitudes, garantizando una mayor seguridad para los ciudadanos.

Sin embargo, la llegada de estos vehículos blindados plantea un debate sobre la justificación de la inversión en un contexto de crisis económica y limitación de recursos. Mientras el gobierno asegura que los Karnaf mejorarán la respuesta ante situaciones de riesgo, es fundamental reflexionar sobre el impacto de esta compra en las prioridades del país.

Vehículos blindados Karnaf

Los Karnaf con la capacidad de transportar hasta cinco funcionarios y equipados con torretas móviles y puntos de comando.

En escenarios de disturbios o eventos masivos, los Karnaf podrían reducir la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad ante ataques, contribuyendo a una respuesta efectiva.

Costos vs. beneficios

La cuestión central radica en si la inversión en estos vehículos blindados es adecuada dadas las otras prioridades de seguridad y los limitados recursos del país. Si bien los Karnaf podrían mejorar la capacidad operativa, algunos cuestionan si esta compra realmente aborda los problemas estructurales de la seguridad, como la corrupción, la falta de formación de las fuerzas de seguridad y la insuficiencia de políticas preventivas contra el crimen.

En un momento de presión económica, el gobierno debe demostrar que el gasto en estos vehículos es proporcional a los beneficios que realmente aportarán a la seguridad nacional.

Sin una solución integral que abarque las raíces del problema, el costo de esta adquisición podría percibirse como una medida superficial que no resuelve las deficiencias estructurales del sistema de seguridad, según analistas.

Órdenes de extradición

Sánchez también se refirió a las órdenes de extradición pendientes, destacando que de las 16 solicitudes iniciales, actualmente quedan 13 en vigor. Informó que se está revisando el estado de cuatro casos, y que las órdenes de captura han sido cumplidas en un plazo promedio de 72 horas, lo que demuestra la eficiencia en el cumplimiento de las solicitudes.