Tegucigalpa, Honduras.- La salida de Roosevelt Hernández del Estado Mayor Conjunto marca el cierre de una gestión que nunca logró sacudirse las sombras.

Dos años después de asumir el mando, llega a condición de retiro con un expediente cargado de episodios que deterioraron la credibilidad de las Fuerzas Armadas: acercamientos con figuras señaladas por narcotráfico, intervenciones políticas prohibidas por ley, confrontaciones abiertas con la prensa y fallas operativas que golpearon procesos electorales clave.

Su retiro no borra los puntos de quiebre; apenas cierra una etapa que dejó daños visibles en la institucionalidad.

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Visita a un funcionario acusado de narcotráfico

El primer golpe a su imagen ocurrió en agosto de 2024, cuando viajó a Venezuela y se reunió con Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro, señalado por Estados Unidos de integrar el Cártel de Los Soles.

La foto del jefe militar hondureño sentado junto a un funcionario acusado de narcotráfico provocó alarma internacional.

La embajadora de EE. UU., Laura Dogu, lamentó públicamente el encuentro y cuestionó la coherencia de una administración que asegura combatir la narcodictadura mientras sus altos mandos sostienen reuniones de ese tipo.

Alineamiento con proyectos del oficialismo


En octubre de 2024, Hernández generó críticas cuando se pronunció en favor de la Ley de Justicia Tributaria, una iniciativa impulsada por el oficialismo.

Lo hizo desde su cargo militar, pese a que la legislación prohíbe la participación política de las Fuerzas Armadas. También se declaró partidario de una Asamblea Nacional Constituyente, una de las metas centrales de Libre.

Para juristas y analistas, sus declaraciones rompieron la neutralidad institucional que exige el marco constitucional.

Ofensiva contra la prensa hondureña


Su relación con los medios se volvió hostil en febrero de 2025, cuando emprendió acciones legales contra doce medios de comunicación, pidiendo al Ministerio Público investigar a periodistas y forzarlos a revelar fuentes.

La Prensa , El Heraldo, RCV, La Tribuna, Radio América, CHTV y otros denunciaron presiones directas y un intento de intimidación. Las organizaciones de prensa calificaron su postura como una amenaza al derecho a informar y al secreto profesional.

Retrasos en las elecciones primarias


El 9 de marzo, día de las primarias, la distribución de material electoral se paralizó en varias zonas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Maletas tiradas en las calles y centros de votación sin resguardo expusieron fallas graves en la logística militar. Hernández se desmarcó inmediatamente y culpó al CNE, aunque las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad constitucional en custodia y transporte.

Intento de acceder a las actas electorales


En octubre, con las generales a la vuelta de la esquina, las Fuerzas Armadas solicitaron formalmente al CNE copias de las actas de cierre de las JRV con el argumento de “verificación institucional”.

Expertos en derecho electoral señalaron que esa acción violaba la ley y la Constitución, que reservan exclusivamente al órgano electoral el manejo de actas.