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Tegucigalpa. A casi tres años de gobierno, las promesas de la presidenta Xiomara Castro en áreas clave como seguridad, salud y medio ambiente reflejan un cumplimiento desigual. Mientras que algunas iniciativas muestran avances parciales, otras continúan sin materializarse, generando críticas por la falta de resultados concretos y la persistencia de problemas estructurales.

Esta es la tercera y última entrega del análisis sobre el cumplimiento de las 28 metas prioritarias anunciadas en su toma de posesión, el 27 de enero de 2022. En esta ocasión, se aborda el desempeño en temas de seguridad, atención sanitaria y protección ambiental, pilares fundamentales para la gestión gubernamental y el bienestar de la población.

Seguridad: Promesas incumplidas y falta de medición

En el ámbito de la seguridad, la presidenta prometió un «no más» a los escuadrones de la muerte, feminicidios, sicariato, narcotráfico y crimen organizado.

Sin embargo, los datos muestran que los homicidios continúan, aunque con una tendencia a la baja. Las incautaciones de droga y los reportes de violencia contra mujeres siguen siendo una constante, lo que impide afirmar que la promesa se ha cumplido.

Las cifras respaldan que, aunque se han registrado reducciones en los homicidios, feminicidios y actividades relacionadas con el narcotráfico, estos fenómenos persisten y aún representan desafíos significativos para la seguridad del país.

En el caso de los homicidios, el análisis de los años 2021, 2022 y 2023 muestra una disminución sostenida, pasando de 3,942 casos en 2021 a 3,361 en 2023, lo que equivale a una reducción del 14.7% en dos años. Sin embargo, estas cifras evidencian que los homicidios no han desaparecido, con un promedio diario de 9 víctimas en 2023, y que fenómenos como el sicariato continúan representando un porcentaje relevante de estas muertes, alcanzando el 29% del total en 2023.

Respecto a los feminicidios, aunque hubo una reducción en 2022 con 308 casos frente a los 330 de 2021, en 2023 las cifras se incrementaron significativamente a 411 casos, lo que refleja un repunte preocupante. Esto demuestra que la violencia de género sigue siendo un problema crítico, con patrones fluctuantes que requieren una intervención sostenida.

En cuanto al narcotráfico, las incautaciones de cocaína muestran una drástica disminución en 2023, con apenas 470 kilogramos incautados frente a las 7.1 toneladas del año anterior, una reducción del 93%. Sin embargo, en 2024, las incautaciones han aumentado a 26 toneladas hasta diciembre, reflejando una reactivación de los esfuerzos antidrogas.

En 2021, se erradicaron 0.5 millones de arbustos de coca. En 2022, la cifra aumentó significativamente a 6.5 millones, marcando un récord en ese momento. Sin embargo, en 2023, la cantidad disminuyó a 4.7 millones de arbustos erradicados.

En 2024, hasta el 14 de diciembre, se han eliminado 11 millones de arbustos, superando ampliamente los registros de los años anteriores. Esto representa un incremento del 2,100% respecto a 2021.

Balance: La seguridad refleja avances significativos en la reducción de la violencia y el combate al narcotráfico, aunque los desafíos persisten. Los homicidios han mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, con una disminución sostenida que evidencia los esfuerzos por contener la violencia.

Una policía fraterna y garantista: avances opacos y denuncias en aumento

La presidenta Xiomara Castro prometió transformar la Policía Nacional en una institución “preventiva, comunitaria, disciplinada y fraterna”, que cultivara el “sentimiento de servicio” y se convirtiera en un “colaborador de la ciudadanía”. Sin embargo, a tres años de gestión, no existen mecanismos oficiales que permitan medir los avances de esta promesa, y las denuncias por abusos policiales continúan siendo una constante, según informes del Conadeh.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) registra un promedio de 10,000 quejas anuales contra distintas entidades del Estado, de las cuales una parte significativa corresponde a la Policía Nacional. Entre 2014 y mayo de 2024, se recibieron 16,495 quejas contra miembros de esta institución, siendo la Policía Nacional Preventiva la más señalada, acumulando 6,662 denuncias en ese periodo.

En los últimos años, las cifras muestran un comportamiento fluctuante, pero preocupante:

• 2024 (al 15 de mayo): 233 quejas.
• 2023: 607 quejas.
• 2022: 465 quejas.
• 2021: 482 quejas.

Por su parte, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), también enfrenta críticas, con un total de 2,718 denuncias desde 2014. De estas:

• 118 corresponden a 2024 (al 15 de mayo).
• 349 al 2023.
• 315 al 2022.
• 318 al 2021.

Falta de rendición de cuentas

A pesar de las promesas de reforma, la Policía Nacional no ha proporcionado información que permita evaluar si se han implementado cambios significativos para cumplir con los objetivos trazados. Expertos y organismos de derechos humanos denuncian un incremento en las quejas por abuso policial y el ausentismo de mecanismos de transparencia que permitan medir el progreso hacia una policía más cercana y garante de los derechos humanos.

Balance

La promesa de una policía comunitaria y fraterna aún está lejos de cumplirse. La falta de mecanismos de medición, el aumento de denuncias de abuso y la opacidad en la rendición de cuentas contrastan con el compromiso inicial del gobierno.

Promesa de salud: avances en infraestructura, pero con desafíos en atención primaria

La presidenta Xiomara Castro prometió redefinir el sistema de salud público con un enfoque en la prevención y fortalecimiento de la atención primaria, especialmente para los sectores más vulnerables: niños, mujeres y adultos mayores. A tres años de gestión, el balance en materia de salud presenta avances en infraestructura hospitalaria, pero persisten desafíos estructurales en la prestación de servicios.

El gobierno ejecuta la construcción de ocho hospitales, con una inversión de 1,300 millones de lempiras, distribuidos en Salamá, Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, Tocoa, Roatán, y dos hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Además, se construyen cinco módulos materno-infantil en los hospitales de La Paz, Tegucigalpa, Ocotepeque, Juticalpa y Comayagua, con una inversión adicional de 800 millones de lempiras.

A la par, se avanza en la edificación de 68 de los 100 Centros de Estabilización de Emergencia (CEE), cada uno con un costo de 3.6 millones de lempiras, destinados a descongestionar la red hospitalaria. Según estimaciones oficiales, estas medidas reducirían en un 17% la presión sobre los hospitales existentes, una vez que las obras sean finalizadas e inauguradas en 2025.

No obstante, expertos en salud advierten que la mejora en la infraestructura no es suficiente si no se acompaña de una estrategia integral en el primer nivel de atención. Blanca Munguía, especialista de la Asociación por una Sociedad Más Justa, enfatiza que la prevención y atención oportuna dependen de servicios básicos garantizados por ley:
“La mejora del primer nivel de atención requiere personal capacitado, infraestructura adecuada, presupuesto suficiente y una dotación constante de insumos y medicamentos. Este nivel debe articularse efectivamente con el segundo nivel para evitar la saturación hospitalaria”, explicó Munguía.

Además, señaló que la falta de personal competente y recursos esenciales limita la operatividad de muchos centros de salud, y en algunos casos, el cierre de establecimientos ha sido provocado por problemas de seguridad en las comunidades.

Promesa de educación: Retorno a clases presenciales y desafíos tras la pandemia

Prometió priorizar la educación al asegurar el retorno a clases presenciales, interrumpidas por la pandemia de covid-19. El proceso inició en febrero de 2022, cuando la Secretaría de Educación implementó un plan gradual que contempló el regreso progresivo de maestros, personal administrativo y estudiantes a los centros educativos.

El 18 de abril de 2022, se oficializó la reanudación total de las clases presenciales, convirtiendo a Honduras en el último país de Centroamérica en dar este paso. La decisión fue respaldada por organismos internacionales como Unicef y Unesco, que subrayaron la necesidad urgente de combatir el rezago educativo y el abandono escolar generado durante los dos años de interrupción académica.

Para garantizar un entorno seguro, el gobierno aplicó medidas de bioseguridad, como la entrega de mascarillas, vacunación de docentes y estudiantes, y la mejora de la infraestructura sanitaria en algunas escuelas. No obstante, las acciones no lograron solventar problemas históricos, como la falta de recursos en centros educativos rurales y la ausencia de tecnología para recuperar el aprendizaje perdido.

Organizaciones civiles y expertos en educación señalan que, aunque el regreso a clases presenciales era urgente, el país enfrenta un desafío mayor: revertir las brechas educativas agravadas por la pandemia, especialmente en áreas rurales donde la conectividad y los servicios básicos siguen siendo deficientes.

Balance: El retorno a clases presenciales se cumplió como prometió el gobierno, pero la recuperación del sistema educativo demanda mayores esfuerzos, especialmente en infraestructura, calidad docente y acceso a recursos tecnológicos.

Batallones forestales y plan contra la deforestación

Otro ofrecimiento consistió en trabajar conjuntamente con las Fuerzas Armadas para la protección del medioambiente, una acción que ha mostrado avances concretos en los últimos años.

En cumplimiento del Plan Estratégico de Recuperación y Protección de los Recursos Naturales, la Secretaría de Defensa creó tres batallones forestales ubicados en Catacamas, Olancho; San Francisco, Atlántida; y Pinalejo, Santa Bárbara. Estos batallones tienen la misión de resguardar las áreas naturales protegidas y prevenir actividades ilegales como la deforestación y la explotación no autorizada de recursos.

Además, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobó el plan “Cero Deforestación al 2029”, que establece una intervención progresiva en las 75 áreas naturales protegidas del país. Desde mayo de 2023, más de 2,000 soldados han sido asignados a estas tareas, con la meta de aumentar gradualmente la cifra a 8,000 efectivos para 2029. La iniciativa contempla una inversión pública de 19,000 millones de lempiras, dirigida a fortalecer la presencia del Estado en zonas críticas y garantizar la conservación de los recursos naturales.

Pese a los avances en la creación de los batallones y la presencia militar en áreas protegidas, expertos en medioambiente advierten que la militarización, por sí sola, no resolverá problemas estructurales como la tala ilegal y la invasión de áreas protegidas si no se implementan medidas complementarias que involucren a las comunidades locales y a las instituciones civiles en programas de educación, reforestación y desarrollo sostenible.

Siempre en materia de protección ambiental, se cumplió la promesa de prohibir los permisos de explotación de minerales a cielo abierto. Desde 2002,  el Instituto Hondureño de Geología y Minas no ha recibido ninguna solicitud

Balance: El gobierno ha cumplido con la creación de los batallones forestales y el lanzamiento del plan de “Cero deforestación al 2029”. Sin embargo, el éxito a largo plazo dependerá de la integración de estrategias sostenibles.

Restitución de nacionalidad al padre Andrés Tamayo

El 22 de febrero de 2022, la presidenta Xiomara Castro cumplió con la promesa de restituir la nacionalidad hondureña al padre Andrés Tamayo, una medida que reconoció como un acto de justicia histórica. Tamayo, reconocido por su activismo ambiental y su defensa de los derechos humanos, fue expulsado del país en 2009 tras el golpe de Estado contra el entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales.

El padre Andrés Tamayo, reconocido por su activismo ambiental en Honduras, perdió su nacionalidad hondureña en 2009 como consecuencia del golpe de Estado que derrocó al entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales. La expulsión y la revocación de su ciudadanía fueron medidas políticas y represivas adoptadas contra líderes y figuras consideradas críticas del nuevo régimen instaurado tras el golpe.

Tamayo, quien lideró importantes movimientos en defensa de los bosques y las comunidades afectadas por la explotación ambiental, fue acusado por sectores conservadores de promover protestas y desobediencia civil, especialmente en el contexto de la resistencia contra el golpe de Estado. Esto resultó en su expulsión del país y en la anulación de su nacionalidad hondureña, a pesar de haberla obtenido años antes por su trabajo y arraigo en las comunidades hondureñas.

………….

gualdad: Promesas y Acciones Implementadas

Una atención precisa a sectores históricamente vulnerados, como adultos mayores, personas con discapacidad, niños y juventud, pueblos indígenas, afrodescendientes y la comunidad LGTBI fue otras de las acciones ofrecidas por Castro.

En los primeros años de gobierno, se ejecutaron diversas acciones en materia de igualdad, destacando la creación y fortalecimiento de instituciones encargadas de proteger y garantizar los derechos humanos. Entre las medidas más relevantes se encuentra la creación de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Social, que integra la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y afrohondureños, y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Además, se fortalecieron entidades clave como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), cuyo presupuesto se incrementó en un 53% respecto a 2021, y la Secretaría de Derechos Humanos, que recibió un aumento del 54%. Esta última ha solicitado un nuevo incremento del 33% para 2025, con el objetivo de reforzar el Mecanismo Nacional de Protección.

En el ámbito legislativo, el gobierno presentó y aprobó leyes orientadas a la protección de sectores vulnerables:

• Ley de Alerta Morada, para prevenir y combatir la desaparición de niñas y mujeres.
• Ley para la Protección de Mujeres en Contextos de Crisis Humanitarias (Decreto Legislativo 09-2023).
• Ley de Casas Refugio para Mujeres Víctimas-Sobrevivientes de Violencia (Decreto Legislativo 28-2024).
• Ley para Exonerar a los Adultos Mayores del Pago de Gravámenes (Decreto Legislativo 34-2024).
• Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia 2024-2033.

Asimismo, se reactivaron organismos como el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) y la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (CISIMVMF), desde donde se derivó la implementación de la Línea 114 para denuncias de violencia contra la mujer.

En materia de protección de derechos humanos, se reportó la atención a 253 personas desplazadas por la violencia, y se inició el funcionamiento del Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado (SINARDEFI), en cumplimiento de la Ley para la Prevención y Protección de Personas Desplazadas Internamente.

El gobierno también ha promovido la capacitación en derechos humanos, logrando sensibilizar a más de 6,975 servidores públicos, incluidos 3,828 militares y policías. Además, ha fortalecido su cooperación internacional con la presentación de seis informes nacionales y la atención a 11 visitas de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas.

Balance:
El gobierno ha ejecutado diversas acciones institucionales y legislativas que responden a la promesa de atender a grupos vulnerables, persisten desafíos en la medición de los impactos concretos.

Xiomara Castro: Promesas y controversias en la política exterior de Honduras

En su discurso de toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro prometió una política exterior centrada en ser ciudadana, centroamericanista, latinoamericanista, soberana y solidaria. Su visión incluía el fortalecimiento del multilateralismo y la complementariedad como ejes para reposicionar a Honduras en la escena internacional. Estas metas buscaban promover la integración regional, defender los derechos humanos y proyectar al país como un actor comprometido con los valores democráticos y solidarios.

Durante su mandato, el gobierno de Castro destacó avances significativos. Entre ellos, la reapertura de embajadas previamente cerradas, como las de Tobago y Egipto, con el objetivo de reconectar a Honduras con regiones clave como el Caribe y África. Asimismo, se establecieron nuevos consulados en Estados Unidos y España, fortaleciendo la atención a la diáspora hondureña.

En el ámbito regional, Honduras asumió la Secretaría General de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y tuvo una participación destacada en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde promovió iniciativas como la creación de un fondo humanitario para Haití. En el plano de los derechos humanos, se revisaron más de 400 recomendaciones ignoradas por gobiernos anteriores, buscando mejorar la posición del país en esta materia.

Sin embargo, estas acciones no han estado exentas de críticas. Graco Pérez, experto en política exterior, afirmó que el gobierno de Xiomara Castro no ha desarrollado una política exterior basada en el interés nacional, sino que ha operado bajo un enfoque predominantemente ideológico de izquierda.

Según Pérez, las decisiones tomadas por la administración han priorizado afinidades políticas con gobiernos afines a esta corriente ideológica, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, dejando de lado las necesidades económicas y estratégicas de Honduras.

Para el experto, esta alineación ideológica ha llevado al país a estrechar lazos con naciones que enfrentan aislamiento internacional por cuestionamientos a sus prácticas democráticas y de respeto a los derechos humanos, lo que ha debilitado la proyección internacional de Honduras.

Pérez destacó además que el enfoque ideológico de la política exterior hondureña ha obstaculizado la capacidad de la administración para establecer relaciones que beneficien a la mayoría de los hondureños. Ejemplos como la denuncia del tratado de extradición y el limitado involucramiento en la Celac en temas fundamentales, como la elección de un secretario general, reflejan, según Pérez, una falta de visión pragmática que priorice el desarrollo económico y la integración regional.

Criticó que la Cancillería, bajo la administración actual, no solo carece de profesionalismo, sino que también está marcada por el nepotismo y el sectarismo político, lo que ha impedido una gestión eficiente y estratégica de las relaciones internacionales.

En el marco de la Celac, la gestión de Castro también generó tensiones. Diez países miembros criticaron que la presidenta emitiera declaraciones en nombre del organismo sin haber obtenido el consenso necesario. Entre los casos más controvertidos se encuentra la felicitación al presidente ruso Vladimir Putin por su reelección, donde varios Estados aclararon que dicha declaración debía interpretarse como una posición personal de Castro y no como la postura oficial de la Celac.

Asimismo, acciones como el envío de una carta al secretario general de la ONU sobre el conflicto entre Israel y Hamas y otra sobre la crisis en Haití fueron señaladas por no reflejar el consenso de los miembros del organismo.

Área	Promesa	Cumple (Sí/No/Parcial)	Observaciones
Seguridad	«No más» a escuadrones de la muerte, feminicidios, sicariato, narcotráfico	Parcial	Reducción sostenida de homicidios, pero feminicidios aumentaron en 2023. Sicariato sigue presente.
	Transformación de la Policía Nacional	No	Aumento de denuncias por abuso policial; falta de mecanismos de medición y rendición de cuentas.
	Incremento en erradicación de cultivos ilícitos	Sí	Erradicación de arbustos de coca incrementó en un 2,100% entre 2021 y 2024.
Salud	Construcción de ocho hospitales	Parcial	Obras en marcha, pero finalización programada para 2025.
	Creación de Centros de Estabilización de Emergencia (CEE)	Parcial	68 de 100 centros construidos; falta asegurar dotación de personal y recursos.
	Enfoque en prevención y atención primaria	No	Déficit de personal, insumos y estrategia integral.
Medio ambiente	Creación de batallones forestales	Sí	Tres batallones creados con presencia en áreas críticas.
	Prohibición de minería a cielo abierto	Sí	Desde 2022 no se han otorgado permisos.
	Plan “Cero Deforestación al 2029”	Sí	Iniciativas en marcha, aunque se requieren medidas complementarias para garantizar sostenibilidad.
Educación	Retorno a clases presenciales	Sí	Clases presenciales restablecidas en 2022, último país de Centroamérica en lograrlo.
	Mejora de infraestructura escolar	Parcial	Problemas históricos en escuelas rurales no se han resuelto completamente.
Igualdad	Creación de instituciones para proteger grupos vulnerables	Sí	Nuevas secretarías creadas y fortalecidas, como la Secretaría de Asuntos de la Mujer.
	Leyes de protección para sectores vulnerables	Sí	Varias leyes aprobadas, como la Ley de Alerta Morada y la Ley de Casas Refugio.
	Fortalecimiento del Conadeh y Secretaría de Derechos Humanos	Sí	Incrementos presupuestarios significativos.
Política exterior	Fortalecer la integración regional y el multilateralismo	Parcial	Avances en la CELAC, pero enfoque ideológico criticado por priorizar afinidades políticas.
	Reapertura de embajadas y nuevos consulados	Sí	Embajadas reabiertas en regiones clave; atención a la diáspora mejorada.

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