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La reciente incautación de 9,5 toneladas de cocaína en República Dominicana ha puesto en jaque a Centroamérica y amenaza con desatar una crisis diplomática. El cargamento, oculto en contenedores de bananos y con destino final a Bélgica, transitó por Guatemala antes de ser interceptado en el puerto de Caucedo, Santo Domingo. Las autoridades guatemaltecas, tras escanear el contenedor, aseguraron que este salió limpio de su territorio, sugiriendo que la droga pudo haber sido introducida en Puerto Cortés, Honduras.

Sin embargo, en un intento por desligarse de la polémica, las autoridades hondureñas emitieron una declaración afirmando que el barco que llegó al puerto de Caucedo “no tocó tierra ni ningún puerto hondureño”. Una declaración que, lejos de cerrar el caso, solo refuerza la necesidad de una investigación más profunda y verificada, considerando los antecedentes que vinculan a Puerto Cortés con operaciones similares.

Esta no es la primera vez que el puerto más importante de Honduras queda en la mira internacional. En septiembre de 2022, las autoridades panameñas incautaron 988 paquetes de cocaína en un contenedor que salió de Puerto Cortés con destino a Bélgica. En esa ocasión, Fausto Cálix, director de la Administración Aduanera de Honduras, defendió la limpieza del contenedor al momento de su salida y aseguró que fue escaneado con tecnología de rayos gamma. También destacó la presencia de personal de la embajada de Estados Unidos en Puerto Cortés como una medida adicional de control. Aun así, el cargamento fue incautado en Panamá.

De manera similar, en marzo de 2024, se reportó otra incautación en Panamá de 515 paquetes de cocaína, esta vez en un contenedor que también partió de Puerto Cortés con destino a Suecia. La Empresa Nacional Portuaria (ENP) negó la responsabilidad hondureña, afirmando que el contenedor había salido limpio y que la contaminación se produjo en territorio panameño. El gerente de la ENP, Carlos Bueso, señaló que esta versión fue respaldada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la DEA.

El reciente decomiso en República Dominicana no puede verse como un hecho aislado. Las autoridades guatemaltecas han sido claras al afirmar que el contenedor pasó sin irregularidades por sus controles, lo que inevitablemente pone el foco sobre Puerto Cortés. Si el gobierno hondureño insiste en negar responsabilidad sin presentar pruebas verificables, el riesgo es doble: deterioro de su imagen internacional y una erosión de la confianza en los controles de sus principales puertos. No es difícil verificar la ruta que siguió el buque que llegó a Santo Domingo. Guatemala está en la necesidad de demostrar que el buque hizo escala en Honduras. Ahora le toca a las autoridades dominicanas presentar las pruebas de la escala en Puerto Cortés y, si la hubo, los problemas para Honduras solo habrán aumentado.

La lucha contra el narcotráfico en la región depende de la cooperación entre países y de respuestas oportunas y transparentes. El silencio, las evasivas y la negación sistemática de cualquier irregularidad solo alimentan las sospechas sobre la existencia de estructuras criminales en Puerto Cortés que facilitan el tráfico de drogas hacia Europa. Mientras el gobierno hondureño guarde silencio o se limite a declaraciones ambiguas, el país seguirá siendo percibido como un eslabón débil en la cadena regional de seguridad.

Es imperativo que las autoridades hondureñas no solo ofrezcan una explicación clara, sino que tomen acciones concretas para desmantelar estas estructuras. La falta de controles efectivos en Puerto Cortés no solo afecta la imagen del país, sino que compromete la seguridad de toda la región. La lucha contra el narcotráfico exige liderazgo y responsabilidad, y en este momento crítico, donde se evalúa el interés real de la administración Castro en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Honduras está en deuda con su ciudadanía y con sus socios internacionales.