Tegucigalpa.- El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), exige una investigación detallada “cheque por cheque” sobre el uso de más de siete millones y medio de lempiras del Fondo Social, una investigación exclusiva de ICN News, los fondos fueron canalizados mediante distintas Secretarías de Estado para financiar proyectos sociales en los departamentos de Choluteca y Valle.

Entre los proyectos mencionados se encuentran la construcción de letrinas, reparación de escuelas, iluminación de canchas y entrega de kits para mujeres, muchos de los cuales no han sido ejecutados ni cuentan con documentación que respalde su cumplimiento.

Para Osiris Payes, analista de Cespad, los indicios son claros y ameritan acción inmediata del Ministerio Público (MP), “ se debe investigar cheque por cheque y que el Ministerio Público asuma una investigación diligente, existiría posiblemente la causal de un concurso de delitos enmarcados en un modus operandi ya visto en otros casos de corrupción  ”, cuestionó.

El análisis jurídico de Cespad identifica al menos tres posibles delitos el primero es la suplantación de identidad, tanto de personas naturales como jurídicas.

Payés señaló que, “personas naturales y jurídicas, como la UNAH, han desmentido la solicitud de fondos que no realizaron, lo que confirma la suplantación”.

El segundo delito es la falsificación de documentos públicos y privados, según la analista, “las fotografías en los expedientes son falsas y no corresponden a las solicitudes ni a los firmantes”, además, se identificó que “los documentos y cheques fueron utilizados fraudulentamente”.

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El tercer delito es la malversación de caudales públicos, ya sea por uso indebido de los fondos o enriquecimiento personal, Payés explicó que, “la malversación ocurre si el presupuesto aprobado se usa para fines distintos o para beneficio personal ”.

A estos tres delitos, podría sumarse un cuarto, el financiamiento ilícito de campañas políticas, dado el contexto electoral actual y la posibilidad de desvío de fondos públicos hacia fines proselitistas.

Payés advirtió que, “me parece muy importante hacer una investigación y que la Unidad de Política Limpia establezca si estos fondos que fueron captados para beneficio propio fueron inyectados a las campañas políticas.”

Finalmente, expresó preocupación por la pasividad institucional, “ la Secretaría de Transparencia hace el seguimiento, pero debería liderarlo el Ministerio Público, ante la presunción de delito”.

Insistió en la necesidad de un control riguroso y total trazabilidad: “Debe seguirse cheque por cheque el destino de este dinero”, Cespad llama a las autoridades a actuar con urgencia, transparencia y sin sesgos políticos.