Ciudad de México, 25 nov (EFE).- El gobierno de México anunció este martes un avance coordinado con los 32 estados del país para homologar la nueva definición y sanción del delito de abuso sexual, recientemente reformado a nivel federal, como eje central de su estrategia para combatir la violencia contra las mujeres.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal —presentada como parte del plan integral contra el abuso sexual— busca establecer criterios comunes en todo el país para prevenir, denunciar y sancionar las agresiones sexuales.

Según la funcionaria, se fortalece la acción en contra de este delito para que “las mujeres se sientan más seguras, que denuncien y que la justicia avance”.

El plan se produce después de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum sufriese un caso de acoso por parte de un hombre durante una caminata a pie por el centro histórico de la capital mexicana a comienzos de mes.

Según la funcionaria, 22 entidades federativas de México ya han presentado en sus congresos iniciativas locales para homologar la reforma, una ya fue aprobada en comisiones y otras diez presentarán las iniciativas este martes como acto simbólico en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La reforma federal redefine el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, incluidos tocamientos, roces, exhibiciones o representaciones explícitas.

Establece, además, penas de tres a siete años de prisión, multas de 200 a 500 UMA (Unidad de Medida de Actualización), y la obligación de los agresores de tomar talleres reeducativos con perspectiva de género y realizar servicio comunitario.

La ley contempla agravantes cuando el abuso sea cometido por servidores públicos, ministros de culto, cuando exista violencia o cuando haya complicidad.

En paralelo al proceso legislativo, el gobierno lanzó campañas permanentes contra el abuso sexual y contra la violencia digital, así como mensajes dirigidos a los hombres para promover un cambio cultural.

Las autoridades insistieron en que la homologación legal será uno de los pilares para impulsar una respuesta más eficaz y uniforme en todo el territorio y garantizar acceso a la justicia para todas las mujeres.

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