El gobierno de Nicaragua ha aprobado una nueva legislación que obliga a los bancos y otras instituciones locales a ignorar las sanciones internacionales impuestas contra altos funcionarios del Estado, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo y varios de sus familiares. La ley, aprobada por unanimidad en el Parlamento, entra en vigor próximamente, con el objetivo de proteger a los nicaragüenses de las consecuencias de las sanciones extranjeras.

Una medida controvertida

La ley, denominada «Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas», prevé sanciones severas para las entidades que cumplan con las restricciones internacionales, como multas, cierre de operaciones e incluso prisión.

Esta medida impulsada por el presidente Daniel Ortega y su partido, el Frente Sandinista, tras recibir críticas por las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países debido a violaciones de derechos humanos en las protestas de 2018.

Sanciones internacionales a funcionarios del gobierno

Las sanciones extranjeras afectan a unos 50 funcionarios del gobierno, incluidos los familiares cercanos de Ortega y Murillo. Entre los sancionados se encuentran jefes de la Policía y el Ejército, responsables de la represión durante las protestas de 2018. Las sanciones han tenido un impacto significativo sobre la economía de Nicaragua, y ahora el gobierno busca mitigar sus efectos dentro del país con esta nueva legislación.

Reforma

Esta nueva ley no es la única reforma política que el gobierno de Ortega ha impulsado recientemente.

En paralelo, el presidente envió al Parlamento una propuesta para extender los períodos en el cargo de los jefes del Ejército y la Policía a seis años, lo que podría ser aprobado sin oposición.

Estas reformas surgen después de la polémica reforma constitucional que otorgó mayores poderes al Ejecutivo, lo que ha generado críticas tanto dentro como fuera del país.

A pesar de la aprobación de la ley y las reformas, algunos informes apuntan a que las calificaciones económicas de Nicaragua podrían verse afectadas negativamente por la incertidumbre política y las tensiones internacionales.

El país enfrenta un desafío complicado, ya que debe equilibrar la defensa de su soberanía con los riesgos de quedar aislado económicamente a nivel global.