TEGUCIGALPA.- El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños entrará en una fase decisiva el próximo 22 de enero, fecha establecida para la audiencia final del proceso judicial que mantiene en suspenso este alivio migratorio.

La cita será determinante para conocer si se mantiene o se cancela la protección que beneficia a más de 70 mil hondureños en Estados Unidos.

El caso, que también involucra a Nicaragua y Nepal, regresa a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, donde los demandantes buscan frenar la terminación del programa anunciada por la administración.

La audiencia del 22 de enero marcará el cierre de los argumentos legales que ambas partes presentarán para definir el futuro inmediato del TPS.

Para la comunidad hondureña, la fecha representa una nueva esperanza después de varios años de incertidumbre. El fallo que se emita en esta instancia judicial definirá si el programa continuará vigente o si los beneficiarios deberán enfrentar procesos alternativos para mantener un estatus legal en los Estados Unidos.

La discusión se centra en determinar si la cancelación del TPS estuvo motivada por decisiones técnicas o por factores políticos. Los abogados de los demandantes han insistido en que hubo irregularidades y presiones internas durante el proceso que llevó a la decisión de terminar el beneficio.

Honduras, Nepal y Nicaragua

Además de Honduras, miles de ciudadanos de Nicaragua y Nepal también dependen de esta resolución. Las tres comunidades migrantes esperan una señal clara que les permita planificar su futuro y definir los pasos a seguir según el resultado de la audiencia.

El TPS ha permitido que miles de familias hondureñas permanezcan en Estados Unidos desde 1999, tras el impacto devastador del huracán Mitch. Durante más de dos décadas, los beneficiarios han construido hogares, proyectos económicos y aportes significativos a la economía estadounidense.

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Una eventual cancelación del programa tendría un impacto directo en la estabilidad laboral y familiar de los beneficiarios. Muchos de ellos son padres de ciudadanos estadounidenses, trabajadores esenciales y contribuyentes permanentes dentro del sistema económico del país norteamericano.

La audiencia también es vista con atención por organizaciones de derechos humanos, defensores de migrantes y líderes comunitarios que consideran indispensable mantener el TPS mientras Honduras continúa enfrentando desafíos estructurales como pobreza, violencia y desastres naturales.

El fallo posterior a la audiencia podría tardar semanas o incluso meses, dependiendo del análisis de los jueces. Sin embargo, el simple hecho de fijar la fecha del 22 de enero ya ha reactivado la discusión pública sobre el alcance y las consecuencias del programa.

Mientras se acerca ese día decisivo, la comunidad hondureña en Estados Unidos se mantiene en alerta, organizando foros informativos, grupos de apoyo y campañas de concientización para preparar a los beneficiarios ante cualquier escenario que derive de la resolución judicial.