CNA impugna selección de autoridades del Ministerio Público ante la Corte Suprema

Tegucigalpa – César Espinal, coordinador de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), informó a ICNDigital que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de inconstitucionalidad contra el proceso de selección de las autoridades interinas del Ministerio Público.

Espinal explicó que el recurso presentado porque la Comisión Permanente del Congreso Nacional no cumplió con el procedimiento establecido por la Constitución.

Según el coordinador del CNA, la Corte ha dado un primer paso al admitir el recurso, lo que permitirá que la Sala Constitucional lo revise en detalle. Además, destacó que el CNA tiene la legitimidad para presentar esta acción, y que ya se entregaron las comunicaciones pertinentes al Congreso Nacional.

Proceso de selección interino en el Ministerio Público

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado el 20 de noviembre del año pasado, tras la selección interina de Johel Zelaya como Fiscal General y Mario Morazán como Fiscal Adjunto.

Según Espinal, el proceso estuvo viciado debido al incumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley.

En lugar de que el pleno del Congreso Nacional eligiera al Fiscal General, como exige la Constitución, la Comisión Permanente del Legislativo realizó la elección, a pesar de no tener la autoridad para tomar tal decisión.

Aunque la elección se publicó en el Diario Oficial La Gaceta y, en apariencia, cumplió con los requisitos legales, Espinal subrayó que la Constitución exige que el pleno del Congreso apruebe las autoridades del Ministerio Público.

Por lo tanto, la Comisión Permanente, integrada por un número reducido de legisladores, no tenía la facultad para tomar una decisión de esa envergadura.

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Posibles implicaciones del fallo

Si la Sala Constitucional acepta los argumentos del CNA, deberá decidir si anula los actos realizados durante el período de selección interina, incluida la ratificación de Johel Zelaya como Fiscal General.

Espinal advirtió que la Sala Constitucional será la encargada de evaluar la validez de los actos realizados en ese periodo y de determinar las posibles consecuencias para la estructura del Ministerio Público.

Este caso resalta la importancia de garantizar que los procesos de selección de las autoridades del Estado se ajusten rigurosamente a los procedimientos constitucionales y legales, con el fin de asegurar la transparencia y legitimidad de las instituciones encargadas de la persecución del delito.