A dos semanas de las elecciones generales, Washington y las principales capitales del mundo observan a Honduras con preocupación. El margen de maniobra del gobierno es mínimo: cualquier intento de forzar el resultado tendría consecuencias profundas sobre la legitimidad del Estado y su posición en el hemisferio.

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Desde hace semanas, Honduras se mueve bajo una doble sombra: la del aislamiento y la del escrutinio. La administración Trump ha dejado claro, a través de dos señales inequívocas enviadas en la víspera —la operación Southern Spear en el Caribe y los nuevos acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador— que el orden hemisférico está siendo rediseñado. Estados Unidos premia a sus aliados y margina a quienes se apartan de su órbita. Honduras quedó fuera de esa lista, y con ello, del nuevo mapa de confianza regional.

La exclusión no es un detalle técnico: es un mensaje político. En el tablero geopolítico del continente, los países no invitados también están siendo calificados, y Honduras ha sido ubicada en la categoría de los no confiables. Mientras los vecinos del Triángulo Norte acceden a beneficios arancelarios y acuerdos de cooperación reforzada, Tegucigalpa se aleja de Washington y, con ello, de los organismos multilaterales que dependen de su influencia. El mensaje es claro: la Casa Blanca está observando de cerca las elecciones hondureñas del 30 de noviembre, y su paciencia es limitada.

Durante el programa +conscientes del 14 de noviembre, el analista político Daniel Cruz lo resumió sin ambigüedades:

“Nos están viendo como un foco de potencial desestabilización. Estados Unidos no lo va a permitir. Cuando te presiona con una cosa, va a ir aumentando y no va a desaparecer [la presión]. Nos ven como un ente que podría poner en crisis su estrategia regional”.

La advertencia no es menor. En política exterior, las frases diplomáticas no son inocentes. Cuando un alto funcionario del Departamento de Estado emite un comunicado en redes sociales mencionando a las autoridades electorales y a las Fuerzas Armadas por su nombre, lo hace con un propósito: dejar constancia pública de que la comunidad internacional ya anticipa la posibilidad de un conflicto poselectoral. Washington no improvisa. Sabe a quién está hablando y lo hace en los términos más duros posibles sin cruzar aún la línea de las sanciones.

La politóloga María Fernanda Bozmoski, directora del Center for Latin American Programs del Atlantic Council, coincidió en que el país está bajo observación directa. “El gobierno puede decir que la relación con Estados Unidos es buena, pero lo cierto es que Honduras quedó fuera de los beneficios arancelarios que recibieron sus vecinos. Eso, en diplomacia, es un mensaje claro. Están esperando ver qué pasa el 30 de noviembre para decidir con quién hablarán después”, explicó durante el programa.

Su diagnóstico va más allá de la coyuntura. Para Bozmoski, lo que preocupa a Washington no es sólo el proceso electoral, sino la deriva institucional: la prolongación del estado de excepción, la manipulación política del Ministerio Público y el enfrentamiento entre los organismos electorales. “Esos temas —dijo— se leen afuera como signos de desgaste democrático y de desconfianza en las reglas del juego”.

La preocupación no se limita a Estados Unidos. En Bruselas, Madrid y Ginebra, las misiones diplomáticas y los organismos de derechos humanos han emitido informes que apuntan a la misma dirección: Honduras está normalizando la excepción. Tres años después de su implementación, el estado de excepción sigue suspendiendo garantías sin rendición de cuentas ni datos verificables sobre sus resultados. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha denunciado que ni la Corte Suprema ni la Secretaría de Seguridad han entregado información sobre las detenciones realizadas. A los ojos del mundo, eso equivale a gobernar en la penumbra.

En +conscientes, Cruz fue tajante: “Un estado de excepción no es una herramienta de política pública, es una herramienta de emergencia. En los países democráticos se usa cuando hay catástrofes. Si no hay catástrofe, lo que hay es debilidad política. Y el mundo lo percibe así”.

La lectura internacional es simple: un país que gobierna por excepción y que entra a elecciones con sus instituciones bajo sospecha es un país que no garantiza estabilidad. Y sin estabilidad, no hay inversión. El costo no es abstracto. Como recordó Bozmoski, más de 200 compañías estadounidenses han denunciado ataques o conflictos legales con el gobierno hondureño, y dos senadores republicanos ya solicitaron medidas al Departamento de Estado para “proteger las inversiones norteamericanas en el país”.

El retiro de Honduras del CIADI —el centro de arbitraje para disputas entre Estados e inversionistas— fue interpretado como otro paso en falso. El país se sumó a una lista donde figuran solo cuatro naciones: Bolivia, Ecuador, Venezuela y ahora Honduras. Ninguna de ellas representa hoy un modelo de crecimiento o estabilidad. “Esa decisión —dijo Bozmoski— manda el peor mensaje posible: que Honduras es un país donde las reglas se cambian a conveniencia y donde los contratos no tienen valor”.

El problema es estructural. Honduras ya no tiene socios sólidos. Los países con los que comparte afinidades ideológicas atraviesan sus propias crisis. Venezuela vive una asfixia económica y un cerco internacional que le impiden maniobrar. Nicaragua, gobernada por un régimen autoritario cada vez más aislado, enfrenta su propio colapso interno. Cuba lucha por sobrevivir en una economía paralizada y con migración masiva. Y China, presentada en su momento como la gran alternativa, ha resultado ser una promesa vacía.

“China no va a ayudar”, insistió Cruz. “Ese no es su rol diplomático. Cuando estés con el agua al cuello, no te va a echar una mano, porque esa no es China”. Lo que en Tegucigalpa se vendió como una alianza estratégica terminó siendo un vínculo comercial desequilibrado. Los sectores productivos que esperaban abrirse paso en el mercado chino —como el camarón o el café— se enfrentan ahora a precios más bajos, menos volumen de compra y reglas opacas. “El caso de los camarones lo demuestra —recordó Bozmoski—. China prometió abrir el mercado, pero hoy compra menos y a menor precio que Taiwán. Lo que Honduras creyó una oportunidad terminó siendo una trampa comercial”.

Tampoco Rusia ni Irán —mencionados a veces como aliados alternativos— tienen interés real en asumir el costo de respaldar a un gobierno centroamericano en conflicto con Washington. Rusia, enfrascada en su guerra con Ucrania, busca atraer capital estadounidense y reconstruir su economía. Irán apenas conserva influencia fuera de Medio Oriente. En palabras de Cruz: “No hay almuerzo gratis en geopolítica. Honduras no tiene petróleo, poder militar ni influencia estratégica que ofrecer. Ningún país va a arriesgar su relación con Estados Unidos por nosotros”.

Ese es el punto central de la advertencia. En el escenario actual, el margen de maniobra de Honduras es prácticamente nulo. No hay red de protección ni espacio para la improvisación. Cualquier intento de forzar el resultado electoral o de manipular el conteo será leído —y castigado— como una ruptura del orden democrático. Ya no hacen falta comunicados ni misiones de observadores: bastará con la ausencia de reconocimiento internacional para hundir la legitimidad de un gobierno entero.

El costo sería inmediato. Las sanciones personales, el congelamiento de cuentas, la cancelación de visados y el bloqueo de asistencia técnica o financiera son herramientas que Estados Unidos y la Unión Europea ya aplican con precisión quirúrgica. En un país donde el 27% del PIB depende de las remesas y la inversión extranjera directa es mínima, el aislamiento sería devastador.

Honduras llega a las elecciones en un punto de inflexión. La ciudadanía votará no solo por un presidente, sino por una dirección moral y política. El mundo no espera perfección, pero sí coherencia. Espera señales de respeto institucional, garantías mínimas de competencia y un compromiso real con la democracia.

La democracia no se mide únicamente por el conteo limpio de los votos, sino por la confianza que proyecta hacia dentro y hacia afuera. Un país que no inspira confianza se convierte en un territorio que nadie defiende, que nadie financia y que nadie escucha.

El próximo 30 de noviembre, Honduras no votará solo por un gobierno. Votará por su credibilidad ante el mundo. Porque un país no se mide por lo que dice su gobierno con los voceros de X, sino por lo que el mundo le cree.