Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la CSJ enfrenta presión por la audiencia a dos magistrados del TJE, un caso que el Codeh considera una “papa caliente” con impacto directo en el proceso electoral. Hugo Maldonado, titular del organismo, cuestionó el requerimiento fiscal contra Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, al que calificó como un “adefesio jurídico”.

Proceso judicial bajo fuerte cuestionamiento

Maldonado afirmó que esta situación se ha repetido en gobiernos anteriores, donde se acusa a la oposición política para ejercer presión. Señaló que la responsabilidad que recae sobre la presidenta de la Corte, Rebeca Ráquel Obando, es elevada y podría generar consecuencias para distintas autoridades si el fallo se interpreta como un precedente político.

El representante del Codeh expresó que los magistrados deben obtener un sobreseimiento. Aseguró que confía en la aplicación correcta de la justicia y en la independencia judicial frente a intereses externos.

Maldonado advirtió que la lucha contra la impunidad podría deteriorarse si se debilita al TJE. Recordó que este organismo define resultados y valida cualquier candidatura, por lo que su estabilidad resulta clave para el ambiente democrático.

El activista sostuvo que el CNE, el TJE y las Fuerzas Armadas garantizan la transparencia electoral. Agregó que estos entes deben actuar sin presiones para asegurar que la voluntad popular sea respetada en noviembre.

Finalmente, alertó que las elecciones del 30 de noviembre estarán bajo intensa vigilancia de grupos con intereses políticos y sectoriales. Según dijo, esta tensión podría incidir en la percepción de legitimidad del proceso.

El caso de los magistrados del TJE se enmarca en un contexto de alta tensión política en Honduras, donde los procesos judiciales que involucran a figuras del sistema electoral suelen generar debate público y preocupación por la imparcialidad de las instituciones. Analistas señalan que la manera en que se maneje este proceso puede influir en la confianza ciudadana de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, especialmente en un año de alta participación electoral.

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Expertos en derecho consideran que la acusación podría ser revisada cuidadosamente por la CSJ, buscando garantizar que el debido proceso se respete. Esto incluye la posibilidad de que los magistrados reciban un sobreseimiento si no se encuentran pruebas suficientes que sustenten el requerimiento fiscal. La presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, enfrenta así la difícil tarea de equilibrar la legalidad y la estabilidad institucional.

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales han advertido que cualquier percepción de parcialidad podría afectar la legitimidad de los comicios. La coordinación entre el CNE, TJE y las Fuerzas Armadas es vista como clave para asegurar un proceso electoral transparente. Mientras tanto, los ciudadanos y partidos políticos permanecen atentos a los avances del caso, conscientes de que las decisiones tomadas en este proceso podrían tener repercusiones políticas importantes para el país.