La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) y el Observatorio de la Democracia han presentado su Primer Informe sobre el Estado de la Democracia en Honduras, donde destacan el grave deterioro en la gobernanza democrática del país. Este informe refleja la creciente preocupación ciudadana por las fallas en el proceso electoral, el asedio al espacio cívico y el debilitamiento del Estado de derecho.

El informe enfatiza que el proceso electoral enfrenta serios desafíos, especialmente ante la falta de recursos asignados para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Política Limpia (UPL) en el presupuesto actual. Sin financiamiento adecuado, la transparencia de las próximas elecciones se ve comprometida. La RDD exige que se otorguen los recursos necesarios para asegurar un proceso electoral confiable y solicita la participación activa de la sociedad civil en la supervisión de todas las etapas del proceso.

Te recomendamos leer: Conflicto por la presidencia del CNE: intereses políticos en juego

Además, la RDD denuncia la escalada de ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. Entre 2014 y 2023, más de 170 defensores fueron asesinados, y en los últimos tres años se documentaron 289 ataques contra periodistas. La reciente muerte del ambientalista Juan López pone de relieve el peligro que enfrentan quienes luchan por la justicia y el medio ambiente. La RDD también señala que más de 800 personas han desaparecido en 2024, lo que agrava un clima de represión. La RDD exige una investigación independiente sobre las agresiones y desapariciones, así como directrices claras que prohíban a los funcionarios utilizar sus posiciones para intimidar a defensores de derechos humanos.

Desmoronamiento del Estado

El informe advierte sobre el desmoronamiento del Estado de derecho en Honduras. La reciente cancelación del tratado de extradición y el incumplimiento de la promesa de instalar la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) socavan la justicia y aumentan la impunidad. La RDD critica la prolongación del estado de excepción por 694 días, que restringe las libertades fundamentales de los hondureños. Además, la RDD destaca la situación conflictiva de la candidata del partido de gobierno, Rixy Moncada, quien ocupa simultáneamente el cargo de secretaria de Defensa, lo que plantea serios conflictos de interés.

La RDD también llama la atención sobre la falta de estrategias efectivas del gobierno para abordar las demandas urgentes de la población. La generación de empleo, la reducción de la inflación y el fortalecimiento de la seguridad son temas críticos que requieren atención inmediata. Actualmente, el 11% de los hogares en Honduras paga extorsión, una situación insostenible que profundiza el sufrimiento de la población. En los últimos tres años, más de 3,000 personas han desaparecido, lo que refleja la grave crisis de seguridad en el país.

Te puede interesar: CNE inicia licitación para poner en marcha sistema TREP

La RDD insta al gobierno a colaborar con la sociedad civil para crear políticas públicas integrales que aborden estos problemas y promuevan el bienestar de la población. Las organizaciones que integran la RDD reiteran su compromiso de monitorear y denunciar cualquier acto que amenace los principios democráticos en Honduras. Los hondureños merecen instituciones que garanticen sus derechos fundamentales, una sociedad civil respetada y una administración comprometida con la transparencia y la justicia.