El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, se pronunció en sus redes sociales al respecto del requerimiento fiscal que el Ministerio Público giró en las últimas horas contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Urrutia. Solórzano advirtió que de concretarse acciones de privación de libertad contra los magistrados, “el Tribunal de Justicia Electoral quedaría prácticamente disuelto”.

Para el abogado, las acciones que el Ministerio Público emprendió el día de hoy “representan una seria amenaza a la estabilidad democrática e institucional del país”, en razón de que continúan debilitando la institucionalidad electoral en el marco de los inminentes comicios generales. “Si se debilita o paraliza el órgano de justicia electoral, el país podría quedar sin una instancia competente para resolver controversias posteriores al proceso electoral, generando un vacío jurídico y político de enormes consecuencias,” enfatizó Gustavo Solórzano.

El 4 de noviembre pasado, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un enérgico comunicado donde exigió al gobierno de la república la protección de los funcionarios electorales, evitando el uso político de la justicia. Asimismo, la OEA pidió que las Fuerzas Armadas hondureñas se circunscribieran al rol que la constitución les adjudica en el proceso electoral.

El presidente del CAH aseveró que “la estabilidad democrática depende del respeto a la independencia de las instituciones, especialmente aquellas que garantizan la legalidad y la transparencia del proceso electoral,” y mantuvo además que “preservar la institucionalidad es preservar la democracia.”

Sectores nacionales e internacionales han urgido al actual fiscal general a cesar sus presiones contra las personas que integran las instituciones electorales, pero el titular del Ministerio Público continúa tensando las cuerdas previo al proceso electoral que gran parte de la población avizora como incierto.

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