Gobierno inicia pago de indemnizaciones a familias de víctimas del golpe de Estado de 2009
by Redacción Web |
Tegucigalpa – El gobierno de Honduras inició a pagar, desde la semana pasada, compensaciones económicas a las familias de las 174 víctimas que murieron durante las protestas contra el golpe de Estado de 2009, como parte de un programa de reparación de daños.
Los primeros en recibir la asistencia financiera, cuyo monto no se reveló por motivos de seguridad, fueron 43 grupos familiares, dijo la viceministra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mirtha Gutiérrez.
Esta ayuda se otorga mediante el Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia Hondureña, gestionado por la Sedesol en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos.
El programa se basa en el decreto 04-2022 y busca ofrecer una reparación integral a los familiares de las víctimas afectadas por la violencia que siguió al derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya, realizado por militares, tras su intento de llevar a cabo una controvertida consulta popular sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.
“Honduras reconoce por primera vez, a través de esta ley, que hubo un golpe de Estado y que este golpe dejó mártires que perdieron la vida en la lucha democrática”, expresó Gutiérrez.
La estrategia cuenta para este año con un presupuesto de unos 6 millones de lempiras, de los cuales un 50% ya fue ejecutado, indicó la funcionaria.
Los beneficiarios del programa, según las circunstancias específicas de cada caso, son:
- Si la víctima tenía hijos: sus hijos y su esposa o esposo (si aplica).
- Si la víctima no tenía hijos pero tenía padres: sus padres y hermanos (si aplica).
- Si la víctima no tenía hijos ni padres: otros familiares cercanos, dependiendo del caso específico.
- En todos los casos, se prioriza al núcleo familiar más cercano a la víctima, ajustando el apoyo según los vínculos familiares existentes.
En primera instancia, los beneficiarios reciben la compensación para ingresar al programa, y luego se les brindarán otras asistencias.
Entre las medidas incluidas se encuentran: becas educativas, pensiones mensuales, atención psicológica, acceso a vivienda digna, oportunidades laborales en la administración pública, y la incorporación al sistema de seguridad social.
¿Quiénes son las víctimas?
La identificación de las personas que murieron en el contexto de violencia generada en los enfrentamientos entre fuerzas públicas y manifestantes estuvo a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos.
Esta dependencia recabó información de simpatizantes de Zelaya que perdieron la vida en manifestaciones o en hechos posteriores relacionados, utilizando diversas fuentes, entre ellas registros periodísticos.
La identidad de las personas se corroboró en el Registro Nacional de las Personas, y su participación en las protestas se verificó mediante entrevistas con familiares y miembros de sindicatos o grupos populares a los que pertenecían, en caso de que hubieran sido parte de estos gremios, entre otras fuentes, explicó la viceministra.
Tras la identificación de los parientes, Derechos Humanos envía los expedientes a Sedesol, autorizado mediante acuerdo ejecutivo PCM-17-202 para aplicar las medidas de reparación.
El Decreto 04-2022, que contiene la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, que incluye el marco general de restitución, fue aprobado por el Congreso Nacional en febrero de 2022.
Esta normativa fue posible luego de que el Partido Libre (izquierda), fundado por fuerzas que se opusieron al golpe y bajo la coordinación del expresidente Manuel Zelaya, ganara las elecciones presidenciales y lograra mayoría en el Legislativo.
La ley busca restaurar, según su texto, el orden constitucional, reparar integralmente a las víctimas del golpe de 2009, promover la justicia y la memoria histórica, evitar la repetición de violaciones a derechos humanos y fortalecer el Estado de Derecho en Honduras.
Pero también contiene una amnistía a favor de quienes fueron acusados de delitos por apoyar la consulta popular, aunque ha sido cuestionada por aplicarse a exfuncionarios de Zelaya que cometieron actos de corrupción, incluyendo a amigos y parientes de la presidenta Xiomara Castro, esposa del exgobernante.
Golpe de Estado: todos violaron la ley
Zelaya, quien llegó a la Presidencia en 2006 por el Partido Liberal, propuso realizar una consulta popular para que la ciudadanía decidiera si en las elecciones generales de 2009 se instalaba una cuarta urna (aparte de las usadas para elegir al presidente, diputados y alcaldes), en la cual se votara a favor o en contra de la instalación de una constituyente.
La consulta, que fue considerada por sectores conservadores como un intento de prolongar el mandato de Zelaya más allá de lo permitido, estaba prevista para realizarse el 28 de junio de 2009.
Zelaya estaba, incluso, enfrentado con miembros de su entonces partido, quienes lo acusaron de querer perpetuarse en el poder.
En un intento por frenar la consulta, el Congreso, dominado en ese momento por liberales, aprobó una ley que regulaba el plebiscito y determinó que ese tipo de consultas debían ser coordinadas por el Tribunal Supremo Electoral y que no se podían hacer ni 180 días antes ni después de unos comicios generales.
El 8 de mayo de 2009, el Ministerio Público de Honduras presentó una demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo para suspender el decreto PCM-05-2009, que ordenaba una consulta popular.
El juzgado aceptó la solicitud y emitió una suspensión provisional del decreto, considerando que la consulta violaba disposiciones constitucionales y electorales.
En respuesta, Zelaya emitió nuevos decretos para evadir la suspensión y convocar la consulta nuevamente. La Presidencia decidió impulsar la consulta, argumentando que esta no sería vinculante, porque ya no era ni plebiscito ni referéndum.
Ante este desacato, el Juzgado de Letras amplió la suspensión a cualquier decreto relacionado y ordenó a las Fuerzas Armadas decomisar el material destinado para la consulta. Zelaya, acompañado de una turba, entró a las instalaciones militares y se llevó las urnas.
Finalmente, el 28 de junio de 2009, las Fuerzas Armadas capturaron a Zelaya en su residencia en Tegucigalpa y lo trasladaron a Costa Rica en el avión presidencial, pese a que aseguraron que tenían una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia que instruía presentarlo ante la justicia hondureña.
Los militares justificaron su acción argumentando que, si Zelaya permanecía en el territorio nacional, se desataría una ola de violencia por parte de sus simpatizantes.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en su informe «Para que los hechos no se repitan», concluyó que todos los actores involucrados en la crisis política violaron la ley de alguna forma.
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