El Ministerio Público sorprendió al solicitar un procedimiento abreviado en el caso del juez Marco Vallecillo, quien admitió su culpabilidad en un caso de extorsión denunciado por el fiscal general, Jhoel Zelaya. Vallecillo, quien se desempeñó como coordinador de juzgados de crimen organizado y corrupción hasta su captura el 24 de agosto, busca una pena menor a través de este acuerdo.

Al aceptar su culpabilidad total, Vallecillo espera lograr una reducción de su condena. Según el Código Penal, la pena por extorsión oscila entre 15 y 20 años, lo que podría significar una disminución de hasta un cuarto de la sentencia.

La defensa de Nelson Omar Sierra ha solicitado un sobreseimiento definitivo. Sin embargo, el juez que lleva el caso se pronunciará sobre esta petición el 18 de noviembre. Esta situación subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de un proceso judicial transparente.

Acuerdo se pactó luego de revisión de pruebas

El proceso abreviado se logró tras la presentación de pruebas contundentes por parte del Ministerio Público. Fiscales presentaron vaciados telefónicos, grabaciones de seguimiento y el testimonio de dos testigos protegidos. Uno de los testigos, que fue víctima de extorsión, alertó sobre la manera de operar de Vallecillo. Según este testimonio, el juez se comunicaba con las víctimas y aseguraba que cualquier proceso en su contra desaparecería si pagaban un monto fijado por caso.

#LOMÁSRECIENTE🚨| Juez Marco Vallecillo acepta culpabilidad por extorsión y pide Procedimiento Abreviado. pic.twitter.com/pkW1SrzdsU

— ICN.Digital (@ICNDigital) October 25, 2024

Vallecillo también afirmó ser intermediario del fiscal general, un hecho que su defensa no pudo probar en el tribunal. Esta serie de eventos resalta la complejidad del caso y la presión sobre el sistema judicial para actuar con firmeza frente a la corrupción.

La situación genera inquietud en la comunidad, que exige un manejo transparente y justo en el proceso judicial. La integridad del sistema judicial se pone a prueba en medio de acusaciones graves que podrían tener repercusiones en la confianza pública.