Tegucigalpa.- Honduras se consolidó como el Estado más demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) durante el ejercicio fiscal 2025, con seis nuevos arbitrajes, según las estadísticas publicadas por el organismo del Banco Mundial (bm).

El país centroamericano encabeza la lista de demandas de 2025, seguido por Panamá con cinco casos, y Colombia, México y Perú con cuatro cada uno. Otros Estados como Ucrania y Níger registraron tres arbitrajes, mientras que Ecuador y Finlandia sumaron dos. En total, se contabilizaron 33 nuevos casos en todo el mundo.

La última demanda contra Honduras fue presentada el 15 de mayo mediante el Mecanismo Complementario del CIADI, que permite a empresas bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) presentar reclamos, incluso cuando el país demandado ya no forma parte plena del tribunal internacional.

Honduras ya había sido uno de los Estados más demandados en 2023, con nueve arbitrajes, solo detrás de México, que registró diez casos. A pesar de haberse retirado formalmente del CIADI en agosto de 2024, el país sigue sujeto a la jurisdicción del tribunal para casos relacionados con el DR-CAFTA.

De las 16 demandas acumuladas en los últimos años, trece permanecen vigentes, mientras que tres fueron retiradas este año. Entre ellas se encuentra el arbitraje iniciado por Palmerola International Airport (PIA), que terminó con una condena a favor del Estado de Honduras por 443.254,42 dólares, y dos casos de generadoras de energía que evitó pagar más de 10.500 millones de lempiras.

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Honduras se adhirió al CIADI el 28 de mayo de 1986 y mantuvo su vigencia hasta 1989. Aunque dejó de ser miembro pleno en agosto de 2024, los inversionistas aún pueden recurrir a mecanismos complementarios de resolución de disputas según el artículo 10, sección B del DR-CAFTA, explicó el abogado Javier Briceño, especialista en arbitraje comercial internacional.

Briceño advirtió que estas vías no tienen ejecución inmediata y requieren procesos judiciales adicionales, lo que podría generar mayores costos al Estado hondureño debido a la duración y complejidad de los procesos.