Un juez con jurisdicción nacional dictó este jueves un auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión preventiva contra tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acusados del delito de prevaricato judicial en perjuicio de la administración pública.

Los exintegrantes de la Sala de lo Civil del periodo 2016-2023, Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, enfrentan una acusación presentada por el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (Fees-SJ).

El caso de estos exfuncionarios judiciales se tramita en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, donde deberán regresar el próximo 12 de noviembre para su audiencia preliminar. Los acusados podrán continuar con su proceso judicial sin estar recluidos, ya que Méndez y Alvarado pagaron una fianza de 5 millones de lempiras cada uno, y Hernández pagó 10 millones de lempiras.

¿Qué revela el caso?

Según las investigaciones del MP, los exmagistrados emitieron una sentencia injusta contraria a la ley en marzo de 2022 con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por un monto de 159,810,071.30 dólares. La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el Pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda se devolviera a la nueva Sala de lo Civil. Esto ocurrió después de que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al Pleno al no alcanzar una resolución unánime.

Este proceder resulta antijurídico, ya que cuando un expediente llega al Pleno sin haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede devolverse, dado que el Pleno actúa como instancia definitiva, indicó la Fiscalía hondureña. De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el Pleno para que la Sala que él integraba conociera y resolviera los recursos de casación, demostrando un interés particular en el caso.

Tras salir de la audiencia, Hernández aseguró que la sentencia que emitieron a favor de las agencias bancarias demandadas «fue ajustada a derecho», por lo tanto, anunció que apelarán el auto de formal procesamiento.