Tegucigalpa. – A 414.8 millones de lempiras asciende las subvenciones, conocidas antes como Fondo Departamental, entregadas por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a diputados para que las transfieran a proyectos sociales entre 2022 y 2024 sin que se conozcan públicamente el uso de esos recursos.

Antes de asumir la presidencia del Congreso, cuando solo era diputado sin cargo directivo, Redondo criticaba públicamente este tipo de prácticas, afirmando que fomentaban la corrupción y se utilizaban políticamente. Hoy, como presidente del legislativo, ha defendido la continuidad de estas subvenciones.

La mayor parte del dinero, 390.7 millones de lempiras, se ha destinado a ayudas sociales a personas, mientras que 24,1 millones lempiras han sido entregados a asociaciones sin fines de lucro, de acuerdo con el Portal de Transparencia del Poder Legislativo, que solo muestra los montos globales de las transferencias.

En 2022, se destinaron 21.7 millones en ayudas sociales y 2.8 millones en donaciones a asociaciones civiles.

Mientras que, durante 2023, los montos se incrementaron considerablemente, alcanzando 153.4 millones en ayudas sociales y 8.6 millones en donaciones. En lo que va de 2024, ya se han distribuido 215.4 millones en ayudas sociales y 12.6 millones en donaciones.

En promedio, desde 2022, cuando inicio el mandato del actual Congreso, se han erogado unos 400 mil lempiras diarios en estas asistencias sociales.

Las subvenciones han sido entregadas pese a que en agosto de 2023 se derogó el decreto 116-2019, que contenía la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Redición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, y contemplaba las asistencias que se canalizaban por medio de los parlamentarios.

La legislación autorizaba a diputados, funcionarios, directores, municipalidades, organizaciones no gubernamentales a solicitar fondos con el propósito declarado de realizar obras, proyectos o programas sociales. La responsabilidad de auditar y supervisar el uso de estos recursos recaía en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), facultad que tidavía tiene.

Para continuar con estas ayudas, Redondo justifica que el artículo 205 de la Constitución, numeral 37, establece que el Legislativo tiene entre sus atribuciones crear, mediante ley, subvenciones con fines de utilidad pública.

Antes de todas estas disposiciones hechas en aplicación de la Carta Magna, los diputados recibían recurso por del Fondo Desarrollo Departamental, creado en 2006 en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza.

Redondo no rinde cuentas

El Legislativo hondureño ha negado varias solicitudes de información sobre el uso de estos fondos hechas por personas naturales e instituciones de la sociedad civil.

De igual manera, Redonde, quien se oponía a las transferencias de estos fondos cuando fungió como dipitado del Partido Anticorrupción (2014-2018) y luego en representación del Partido Salvador de Honduras (2018-2022), al que todavía pertenece, no cumplió su promesa ofrecida en mayo de 2023 de crear un portal digital para divulgar la información soporte de las asitencias, los montos y sus beneficiarios.

“Se va a publicar, íntegro, tal cual debe de ser, en un servidor que nosotros vamos a comprar en el mes de junio (2023) para poder publicar todos los temas de subvenciones. Le garantizo que ahí se va a ver cuál es el segmento, el lugar hacia dónde se van –subvenciones–”, dijo en su momento.

Esta opacidad ha generado de que se desconozcan si los parlamentario han hecho un uso correctos de estos fondos públicos.

La semana pasada, el diputado liberal y precandidato presidencial, Jorge Cálix, aseguró que Redondo transfiera 6.5 millones de lempiras en concepto de subvenciones a los diputados que lo requieren.

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