Tegucigalpa. – Tras el asesinato del ambientalista Juan López, quien tenía medidas cautelares, pero nunca se cumplieron, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) alertó a la ONU que el Estado de Honduras no ha brindado protección a otros 19 defensores de derechos humanos beneficiarios de esa garantía.

Esta queja forma parte del informe que el Conadeh remitió al relator del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, de la ONU, que recientemente visitó Honduras.

La “situación de riesgo” de estos 19 ciudadanos “aumenta exponencialmente por múltiples factores” por protección, advirtió el organismo en una nota de prensa.

Entre estos, menciona el Conadeh, se encuentran los «discursos públicos de deslegitimación de algunos altos funcionarios públicos respecto de los reclamos planteados por los beneficiarios de las medidas cautelares».

López, asesinado a disparos por desconocidos el 14 de septiembre pasado cuando salía de una iglesia en Tocoa, Colón, era parte del grupo de 20 ciudadanos amparados con la medida cautelar MC-137-23 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 5 de octubre de 2023 para los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Previo al crimen, “el Estado de Honduras no adoptó las medidas de protección, aún y cuando el Conadeh emitió una alerta temprana en la que advirtió su acentuada situación de riesgo por la falta de adopción de medidas cautelares”, remarcó el Conadeh.

Tres semanas después del asesinato de López, quien era regidor de la alcaldía de Tocoa por el oficialista partido Libertad y Refundación (izquierda), la Policía Nacional detuvo a tres sospechosos, a quienes un juzgado de Letras con competencia territorial nacional de San Pedro Sula, Cortés, les dictó auto de formal procesamiento.

Aseinatos de defensores

En su informe, el Conadeh respondió interrogantes planteadas por el Grupo de Trabajo, las que será analizadas en su segunda reunión, que tendrá lugar del 21 al 25 de octubre de 2024.

Y documentó el asesinato de 16 defensores de derechos humanos en 2023, de los cuales 15 se dedicaban a la protección del ambiente, la tierra y el territorio. Algunos de estos defensores contaban con medidas de protección para salvaguardar su vida y su integridad personal.

El reporte detalla que el departamento de Atlántida fue escenario de tres asesinatos: dos de defensores de la tierra y del territorio, y uno de un defensor del ambiente. En Yoro se registraron tres asesinatos, dos de ellos defensores de la tierra y el tercero perteneciente a la tribu Tolupán.

En el departamento de Colón se reportaron nueve asesinatos, entre las víctimas había tres integrantes del Comité de Defensa de Bienes Comunes, dos miembros de la Cooperativa “Los Laureles”, dos de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “Gregorio Chávez”, uno de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros Limitada y otro de la Empresa Asociativa Campesina Isletas.

En 2024, el Conadeh registró el asesinato de cuatro defensores de derechos humanos. Dos de ellos defendían la tierra y el territorio, otro era miembro de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Tranvío.}

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