Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes un informe que revela un sobrecosto de más de L 95 millones en la compra de medicamentos esenciales hecha en 2023 por la Secretaría de Salud durante la emergencia sanitaria declarada por el gobierno.

La sobrevaloración fue detectada al comparar precios de los medicamentos adquiridos en la licitación LPN-08-2023 con los precios obtenidos en compras directas realizadas en 2022 y 2023, así como con las adquisiciones bajo un fideicomiso previamente utilizado para la compra de medicamentos.

El análisis se centró solo en el valor 30 de los medicamentos de los 252 fármacos adjudicados mediante ese proceso.

El análisis mostró que el 52 % de los medicamentos presentaron precios superiores, en algunos casos de hasta más de 1,000 % más altos.

Entre los ejemplos más notorios se encuentran el Ondansetrón (usado para prevenir naúseas en tratamientos de quimioterapia), cuyo precio se incrementó en un 888%, y la Warfarina (previene la formación de coágulos sanguíneos), que tuvo un sobrecosto del 1,345%.

Este sobrecosto, según la coordinadora en materia de salud de la ASJ, Blanca Munguía, es el resultado de deficiencias en el proceso de adquisición, que además de afectar la eficiencia y la transparencia, incrementó el riesgo de desabastecimiento, poniendo en peligro el derecho a la salud de los pacientes que dependen del sistema público de salud.

La ASJ instó a las autoridades a investigar las razones detrás de la adjudicación de medicamentos a precios elevados y recomienda retomar las licitaciones públicas conforme a la ley para asegurar una mayor eficiencia y transparencia en futuras compras.

Otros hallazgos del informe de la ASJ revelan una serie de irregularidades en los procesos de adquisición de medicamentos que afectan la eficiencia y el abastecimiento adecuado del sistema público de salud. Uno de los principales puntos expuestos es el retraso en las adjudicaciones, que provocó un riesgo de desabastecimiento de medicamentos críticos para tratar enfermedades graves como el cáncer y arritmias.

El análisis detalló que, de los 383 medicamentos solicitados en la licitación LPN-08-2023, solo 252 fueron adjudicados a 21 proveedores, dejando 34 partidas desiertas y 97 rechazadas debido a incumplimientos técnicos, financieros o legales. Este déficit pone en riesgo el suministro de medicamentos esenciales a pacientes que dependen exclusivamente del sistema público.

Además, se identificó que 34 medicamentos esenciales no fueron adjudicados, lo que incrementa la vulnerabilidad de los pacientes ante la falta de acceso a tratamientos vitales. Estos medicamentos son fundamentales para combatir enfermedades crónicas y otros padecimientos graves.

Otro aspecto crítico señalado es el incumplimiento en los planes de entrega. A pesar de estar estipulado en los contratos, las entregas de los medicamentos se realizaron de manera fraccionada, en nueve momentos distintos, afectando la distribución oportuna y el abastecimiento regular de los centros de salud.

Ante esta situación, la ASJ subraya la necesidad de implementar un sistema de planificación anual que permita optimizar los costos, garantizar un abastecimiento constante y evitar demoras que afecten la salud de la población. La recomendación de la organización es que se abandone la modalidad de compras directas y se retomen las licitaciones públicas, como un mecanismo para asegurar la transparencia y la competitividad en el proceso de adquisición de medicamentos.

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