La fiscalía de Guatemala allanó este lunes cinco sedes regionales de la ONG Save the Children por una causa sobre supuestos abusos a menores, casi seis meses después de que registrara su oficina en la capital, informó la entidad.

Los allanamientos fueron dirigidos por el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche, quien señaló que la investigación fue iniciada por una denuncia y se solicitó «apoyo» a la fiscalía de Texas (sur de Estados Unidos).

Se llevaron a cabo «cinco diligencias de allanamiento en distintos puntos del país en seguimiento a la investigación de carácter transnacional de gran trascendencia relacionada a posibles vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca», dijo el fiscal en un video en la red social X.

Agregó que fueron revisadas «las sedes de una de las organizaciones no gubernamentales que fueron mencionadas en la denuncia».

Aunque Curruchiche no mencionó el nombre de la ONG, el portavoz de la fiscalía, Moisés Ortiz, confirmó a la AFP que las sedes allanadas eran de Save the Children, en seguimiento al operativo del 25 de abril, cuando fue registrada la sede principal en Ciudad de Guatemala.

Por el momento, Save the Children no se ha pronunciado sobre los allanamientos en sus sedes regionales.

Los registros se realizaron en los poblados de San José La Arada y Jutiapa en el este del país. También en los municipios indígenas de Santa Cruz del Quiché, Nebaj y Cunén, en el oeste.

El allanamiento de abril tuvo lugar 12 días después de divulgarse en la prensa local que la fiscalía de Guatemala había pedido a su similar de Texas informes sobre un supuesto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos, y que involucraría a oenegés como Save The Children.

«Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala», aseguró en esa oportunidad la oenegé, con sede central en el Reino Unido, en un comunicado.

Esta ONG comenzó a trabajar en Guatemala en 1976 tras un terremoto que devastó al país y se estableció formalmente en 1983. En la actualidad tiene proyectos de educación, salud, nutrición y asistencia a familias migrantes, entre otros.

Curruchiche y su jefa, la fiscal general, Consuelo Porras, han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, por considerarlos «corruptos» y antidemocráticos».