Las pérdidas de energía eléctrica en Honduras aumentaron de un 33.55 % en 2021 a 37.07 % en 2024, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional. A pesar de las múltiples medidas implementadas y los recursos destinados, las pérdidas siguen siendo alarmantemente elevadas.

La Ley de Energía aprobada en 2022 buscó mejorar la gestión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y creó el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), así como la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD). Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido insuficientes. La ASJ, utilizando datos de la ENEE, destaca que las pérdidas aumentaron a 37.77 % en 2023 y que, a julio de 2024, se reportó una pérdida del 37.07 % de la energía producida. Esto representa un impacto financiero de aproximadamente 13,967.6 millones de lempiras para el cierre de 2024.

Este aumento no solo afecta las finanzas del país, sino que también perjudica a los ciudadanos. Los costos de estas pérdidas se trasladan a la tarifa eléctrica, incrementando los impuestos y reduciendo los recursos destinados a salud, educación y seguridad. Desde la creación del PNRP, el Estado asignó 18,036 millones de lempiras para reducir pérdidas, un monto 10 veces mayor al destinado a la compra de medicamentos en la Secretaría de Salud.

La contratación de empleados en el PNRP y la UTCD ha crecido significativamente. En 2022, el personal registrado fue de 1,607 empleados; en 2023, el número subió a 3,404 y en 2024 se registraron 3,209 empleados. A su vez, el 82 % del presupuesto del PNRP hasta julio de 2024 se destinó a sueldos y salarios, lo que plantea serias interrogantes sobre la eficiencia de la gestión.

A raíz de estos resultados, la ASJ recomendó integrar todos los programas de reducción de pérdidas bajo la ENEE Distribución para maximizar recursos y coordinar acciones. Es crucial revisar el personal y los recursos del PNRP para asegurar una gestión eficiente. Además, la publicación mensual de informes detallados sobre la reducción de pérdidas eléctricas debe ser exigida por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Asimismo, la ASJ urgió a intensificar la lucha contra el robo y hurto de energía, promoviendo la judicialización de los casos y la implementación de medidas correctivas más efectivas. Por último, instó a reformar la Ley de Energía para unificar esfuerzos bajo un solo programa de control de pérdidas.